Arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos

Por: Julia Sosa y Agustina Cangeni | 15 de marzo de 2017

A 41 años del golpe, enfrentamos un gobierno que oscila entre la “teoría de los dos demonios” y el negacionismo de los apologistas del terrorismo de Estado. No se trata solo de un debate sobre nuestra historia ni del reclamo inconcluso de verdad y justicia, sino de preparar el terreno para sus políticas antipopulares.   

Desde la recuperación de la democracia en 1983, los Derechos Humanos son una parte esencial de nuestra construcción histórica y simbólica. Por esa razón, con el trasfondo del activismo permanente y las grandes movilizaciones lideradas por los organismos de derechos humanos, podemos asociar tres grandes ciclos políticos con sus iniciativas sobre el Terrorismo de Estado: Raúl Alfonsín, que creó la CONADEP, impulsó el juicio a las juntas y, bajo la presión militar, sancionó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que generaron un fuerte rechazo social y manifestaciones en su contra; Carlos Menem, quien inició una política de “reconciliación nacional” que fue marcada por los indultos y quedó plasmada en la famosa foto, de mirada cómplice y abrazo, con Isaac Rojas, uno de los principales artífices del derrocamiento militar de Perón en 1955; y el kirchnerismo, con la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la declaración de inconstitucionalidad de los indultos por parte de la Corte Suprema y la reapertura de los juicios, un periodo caracterizado, además, por importantes contradicciones como la designación de César Milani como jefe del Ejército.

En este mismo sentido, desde el año pasado, en el que caracterizamos que se produjo no solo un cambio de gobierno, sino también un cambio de etapa política con la asunción de Mauricio Macri como presidente, se produjo un retroceso en las políticas del Estado Nacional. Por supuesto que, como militantes populares, sabíamos que las noticias no eran buenas desde el momento en que nos planteamos la posibilidad de que Macri ganara las elecciones presidenciales. Pero a un año y tres meses de gobierno, necesitamos agudizar el análisis, sistematizar qué está pasando realmente, hacernos de la mayor cantidad de herramientas posibles a nuestra disposición. Y utilizarlas.

Desmantelar la justicia

A veces, para entender el rumbo de las medidas tomadas por los gobiernos, las muestras más concretas y a la vez más silenciosas corresponden a las modificaciones en la propia estructura del Estado. En este orden de ideas, deberíamos empezar por algunos de los tantos indicios “de voluntad” que implican decisiones tomadas directamente por el Poder Ejecutivo. A principios de 2016, en pleno auge del discurso y persecución a los empleados estatales, dependencias como el Programa Verdad y Justicia (que surgió en 2007 en respuesta a la necesidad de protección y acompañamiento a los testigos que declaran en los juicios de lesa humanidad, a partir de la segunda desaparición de Jorge Julio López) y el Centro de Asistencia Fernando Ulloa (donde los testigos reciben asistencia psicológica) sufrieron la ola de despidos.

Más adelante, también se definió el desistimiento de la querella e impulso de causas seguidas a responsables civiles por parte de la Secretaría de DDHH, a cargo de Claudio Avruj. En este caso, podemos mencionar la  causa de Eduardo Saiegh, en la que se investiga el secuestro de un banquero por parte de un grupo de tareas de la Policía Federal que respondía a funcionarios del Banco Central durante la última dictadura cívico-militar: allí se decidió abandonar su participación como co-querellante, es decir, su acompañamiento como parte del Proceso Penal y aporte a la investigación, en agosto del año pasado.

Por otro lado, la Unidad 34 de Campo de Mayo (cerrada en el año 2013, luego de la fuga de dos militares del Hospital Argerich, por “riesgo grave de evasiones”) fue nuevamente habilitada para el alojamiento exclusivo de militares procesados y/o condenados, estableciendo un régimen de detención de privilegio en una guarnición militar. Una de las justificaciones que Emiliano Blanco, director del Servicio Penitenciario Federal, esgrime como explicación ante esta situación es aun más lúgubre: la de habilitar cupos en las cárceles (preventivamente) a partir de la implementación de la Ley de Flagrancia.

Ahora bien, también deberíamos mencionar el papel que el Poder Judicial asumió a partir de estas señales: particularmente, se han desacelerado de un modo alarmante los procesos judiciales, se aletargan y se suspenden las fijaciones de fechas para los debates y han aumentado considerablemente el otorgamiento de prisiones domiciliarias, entre otras cuestiones. El juicio por delitos de lesa humanidad denominado “Megacausa III”, de Santiago del Estero, fue suspendido por la Cámara Nacional de Casación Penal luego de los planteos realizados por la defensa de varios acusados, quienes recusaron a los integrantes del Tribunal, entre otras cosas, por ser “reconocidos integrantes de la organización terrorista ERP” y “querellantes en otras causas de lesa humanidad”. Finalmente, estos fueron apartados de la causa en el mes de octubre.

Al mismo tiempo, según el balance 2016 publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de los 979 imputados detenidos en todo el país, 519 se encuentran con arresto domiciliario mientras que 460 lo están en cárceles del servicio penitenciario. Esta tendencia se intensificó durante el año pasado ya que el aumento de arrestos domiciliarios concedidos fue de un total de 80. Es que, por más independiente que se quiera mostrar, el Poder Judicial nunca resulta inconmovible frente a las políticas impulsadas por los gobiernos de turno.

No podríamos dejar de mencionar tampoco la actuación del Congreso de la Nación: en noviembre de 2015 se dispuso la creación de la “Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar”, que debería estar integrada por cinco diputados y cinco senadores nacionales y que tendría como objetivo la elaboración de un informe en conjunto con la sociedad civil al respecto, pero que al día de hoy se encuentra totalmente paralizada.

Desandar la verdad

El 23 de noviembre de 2015, un día después de que Macri ganara el ballotage, el diario La Nación, a través de su editorial “No más venganza”, salió a marcar la cancha: “La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años setenta y las actuales violaciones de los derechos humanos”. Más adelante, sabríamos que estas iniciativas tendrían varios ejes, como volver a plantear la teoría de “los dos demonios” o incluso, directamente, retomar el discurso negacionista, reclamar por las domiciliarias para los genocidas o asociar los organismos de DDHH a posibles hechos de corrupción.

A la vez, distintos funcionarios macristas comenzaron a sembrar la duda sobre el número de 30 mil desaparecidos, como si se tratara de una cuestión menor e insignificante, o directamente falsa, además de cuestionar verdades probadas en juicios históricos, como la existencia de un plan sistemático nacional (y continental) de exterminio. El caso del titular de la Aduana, el ex carapintada Gómez Centurión, es el más reciente: “Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejarlo (…) La desaparición de miles de personas es terrible. Es un análisis de causa-consecuencia. Y el número no es pornográfico en la medida de cómo lo desarrollemos, porque 8000 personas muertas desde el punto de vista social es espantoso, pero desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8000 verdades que 22 mil mentiras”.

El propio presidente forma parte de esta operación de deslegitimación, como lo demostró en algunas de sus declaraciones en las que utilizó términos como “guerra sucia”, “curro de los derechos humanos”, o cuando respondió “no tengo idea” [si fueron 30 mil] a la pregunta de una periodista.

Mientras tanto, las reuniones con los defensores de represores no se hicieron esperar: los integrantes de la “Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia” fueron recibidos por el ministro de Justicia Germán Garavano dos veces, además del recibimiento en el predio de la Ex Esma de los miembros del “Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas”. Estas reuniones no fueron comunicadas a los medios de prensa, pero tuvieron que ser admitidas cuando fueron divulgadas por distintas organizaciones.

En contraposición, nuestros organismos de DDHH solo tuvieron lugar en la agenda del PRO una sola vez (en febrero de 2016) después del pedido de Abuelas, ante la presencia de Obama en la misma fecha de realización de la marcha a 40 años del golpe. La reunión fue caracterizada por el gobierno como “positiva” y “cordial”, a pesar de que los pedidos tuvieron que ver con la liberación de Milagro Sala, que ya llevaba detenida un mes y la crítica a la implementación del protocolo antipiquetes. Pero, a pesar de este encuentro, y durante todo 2016, desde los medios de comunicación se fustigó sin descanso sobre el discurso del “curro de los Derechos Humanos”, vinculando al anterior gobierno con Abuelas y Madres a partir de la “corrupción”, e intentando deslegitimar por todos los medios el rol histórico y simbólico que representan nuestras Madres y Abuelas, quienes se negaron a olvidar en tiempos donde la desmemoria era obligatoria.

Defender la memoria

En esta nueva etapa política, tenemos que encontrar las resistencias suficientes para vencer a los sectores que, con las complicidades de ayer y de hoy, intentan destruir la memoria colectiva como un medio para aplicar las políticas neoliberales.

Como dice Daniel Feierstein, investigador del CONICET y profesor universitario, en un artículo publicado recientemente en la revista Le Monde Diplomatique: “Es en esta operatoria de relativización de las consecuencias de un genocidio y de búsqueda de equiparación con las consecuencias de la violencia insurgente donde anida el huevo de la serpiente, la que busca legitimar la solución genocida en un contexto de profundización vertiginosa de la pobreza que puede concluir en revueltas populares. Es por ello que no se trata de esgrimir el Código Penal y solicitar la condena de estos nuevos discursos por desafiar lo ‘políticamente correcto’. Se requieren acciones de mayor compromiso, de profunda militancia para salir a las calles a desarticular estos discursos relativizadores allí donde aparezcan, para garantizar que las tendencias genocidas que anidan en los sectores más oscuros de nuestra sociedad deban continuar sumergidas, sin darles la oportunidad de volver a levantar la cabeza porque ya hemos experimentado aquello de lo que son capaces si llegan a conquistar otra vez el sentido común de los argentinos”.

No se trata solo de un consenso colectivo. Se trata de 41 años buscando a hijos, hijas, nietos y nietas de las generaciones que soñaban con otro mundo posible; de lo que se batalló para que en vez de “guerra sucia” se llame “Terrorismo de Estado” y en vez de “odio y venganza” se llame “verdad y justicia”; y para que, en lugar de olvido, se tenga memoria, para que Nunca Más. Este 24 de marzo, nuestro compromiso militante, nuestras banderas, y nuestra fuerza en las calles en unidad se hace cada vez más necesaria para seguir gritando que no nos han derrotado, para decirle a la parte más terrible de nuestra historia que no hay olvido, ni perdón, ni reconciliación posible.

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