Brasil, punta de lanza de las reformas neoliberales

Por: Gerardo Gamarra y Fernando Vicente Prieto | 19 de julio de 2017

La reforma laboral, la condena a Lula y el destino inmediato de Temer son tres nuevos capítulos del golpe, todavía en curso. Sucesos que tendrán impacto en la región.

La asunción de Michel Temer como presidente sincronizó con el despliegue de Macri como la cara del neoliberalismo en la región. Con más legitimidad, el presidente argentino fue el que llevó la voz cantante para orientar el Mercosur hacia la Alianza del Pacífico y los Tratados de Libre Comercio. Temer, mientras tanto, se dedicó a hacer el trabajo sucio interno, confirmando a Brasil como la punta de lanza de las reformas neoliberales de esta era.

Con el antecedente de la reforma jubilatoria, que cambia sustancialmente las condiciones de jubilación, el 11 de julio, el Senado brasileño aprobó la reforma laboral. Le da posibilidad al empleador para acordar individualmente con cada trabajador sus condiciones laborales, repartir los periodos de vacaciones en tres veces, pagar los salarios por hora o jornada trabajada e incluye la quita de los impuestos obligatorios para sindicatos. Entre otros muchos puntos regresivos, legaliza la jornada laboral de hasta 12 horas, permite la tercerización y ataca la negociación colectiva.

Esto genera un escenario de gran debilitamiento para la organización de trabajadores y para las garantías colectivas de trabajo, que empiezan a ser desmontadas por manos de dirigentes políticos corruptos que cierran filas y buscan por todos los medios posibles anular la candidatura de Lula hacia 2018, quien hoy lidera todas las encuestas.

Objetivo: sacar del juego a Lula

El 12 de julio, el juez Sergio Moro condenó a Luiz Inacio Lula Da Silva a 9 años y medio de prisión en un proceso sin pruebas documentales, basado en testimonios de arrepentidos y especulaciones del juez.

La condena no ilegaliza ahora la candidatura de Lula, pero lo haría si es confirmada por el tribunal de segunda instancia. En sí mismo, el episodio muestra el alcance y la complejidad de la ofensiva a la que está dedicada la derecha.

La pregunta es si está tomada la decisión de proscribir judicialmente al candidato que cuenta con mayor aprobación popular para continuar gobernando directamente o si, por el contrario, se intenta negociar con él sobre la base de las reformas consumadas.

Esto, a su vez, tiene relación con el grado de organización y movilización de la fuerza popular, tanto en la resistencia a las figuras y el programa del golpe como en la construcción de salidas políticas ante los escenarios posibles.

Un programa popular para Brasil

En el plano de la unidad político-social, la novedad del proceso del golpe es que distintas organizaciones se han agrupado para dar forma al Frente Brasil Popular y al Frente Pueblo sin Miedo, espacios que promueven la consigna de “elecciones directas ya” y se encuentran en las calles. Las encuestas indican que la mayoría de la población está de acuerdo con las elecciones directas pero, por el momento, no se observa un proceso de movilización creciente, con capacidad para imponerlas.

Joao Pedro Stedile, economista y líder del MST, ha declarado su apoyo a la candidatura de Lula y, al mismo tiempo, sostiene la necesidad de un cambio en la orientación estratégica del gobierno porque hoy “es inviable un gobierno de conciliación de clases como fueron los tres mandatos” del PT.

El Frente Brasil Popular plantea un Plan Popular de Emergencia basado en diez ejes: democratización del Estado, políticas de empleo e ingresos, reforma agraria y agricultura familiar, reforma tributaria, derechos sociales y laborales, seguridad pública, derechos humanos y ciudadanía, defensa del medio ambiente, política exterior soberana y derecho a la salud, educación, cultura y vivienda.

En un parlamento en el que el 80% de los integrantes son empresarios, una de las propuestas principales es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para refundar el sistema político. Esta perspectiva, desde ya, no es la única en el diverso campo de las izquierdas y los movimientos populares.

Hasta cuándo habrá Temer

La continuidad de Temer en la presidencia es incierta porque a una legitimidad mínima –las encuestas le asignan una popularidad que va del 2% al 7%– se le suma su precaria situación legal y las internas entre los diferentes sectores de la política brasileña que aún lo sostienen.

Las movilizaciones menguaron en los últimos días pero el primer semestre de 2017 trajo la mayor huelga de la historia de Brasil (el 28 de abril) y marchas importantes, como la “toma de Brasilia” del 24 de mayo.

El sistema político necesita relegitimarse en el corto plazo. Complejas internas demoran su destitución y reemplazo de forma indirecta, que es la solución deseada por el entramado de poder económico-político detrás del golpe.

En este plano, también juegan las redes de complicidad, con un Parlamento lleno de diputados involucrados en casos de corrupción. Hasta Rodrigo Maia, presidente de la Cámara luego de la destitución de Eduardo Cunha y uno de los principales candidatos a la sucesión de Temer, está siendo investigado en causas judiciales por sobornos. En el Senado el panorama no es mejor: el 60% de los senadores está involucrado en causas por corrupción.

En este contexto, el peso de la trama mediática-judicial es significativo. La Red Globo parece haberle soltado la mano a Temer, pero el partido judicial y, sobre todo, el bloque parlamentario de cogobierno –formado por PMDB, PSDB, PP y varios partidos más pequeños y radicales de derecha– aún no le da el golpe de gracia.

Hace pocos días, tras una serie de maniobras que involucraron la remoción de miembros para indicar otros de mayor afinidad con el gobierno golpista, la comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados rechazó abrir una investigación contra Temer.

Pero la comisión debe hacer un segundo informe y esa denuncia puede avanzar en el plenario de la Cámara y, eventualmente, llegar al Supremo Tribunal Federal. Días después de esta polémica votación, el diario O Globo publicó una denuncia contra Temer por repartir el manejo de U$S 4700 millones en recursos públicos para garantizar el rechazo de la denuncia. Todo un indicador de que, por arriba, continúan las disputas con un escenario abierto.