Con Macri no hay libertad de expresión

Por: Patria Grande | 20 de septiembre de 2017

Este martes se confirmó el despido del conductor Roberto Navarro del canal C5N. Según denunció el propio periodista, fue echado del medio de comunicación por su posición política y las investigaciones que realizaba en su programa respecto al gobierno nacional, algunas de las cuales habían sufrido censura de parte de los directivos del Grupo Indalo en las semanas previas.

Casi en simultáneo, la radio FM Alas de El Bolsón sufrió una nueva amenaza -la cuarta en lo que va del año- por su cobertura del caso Santiago Maldonado, crítica del gobierno y el Poder Judicial local. En esta ocasión, y a diferencia de las anteriores donde se amenazaba con quemar la radio, se trató de una intimidación puntual a unos de los miembros de la emisora. A pesar de las múltiples denuncias hechas por los integrantes de este medio de comunicación con más de 30 años de historia, la Justicia no ha avanzado en identificar los teléfonos desde los cuales se envían los mensajes intimidatorios.

Estos dos casos se dan en un contexto de fuerte limitación a la libertad de expresión y al derecho a la información en nuestro país que atraviesa distintos planos.

Entre ellos podemos enumerar las detenciones arbitrarias de periodistas durante la marcha por Santiago Maldonado el 1 de septiembre; el no pago de los Fondos de Fomento Concursables para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) ya aprobados y que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) se niega a ejecutar, a lo que se suma también el no llamado a nuevos concursos; y la ofensiva sobre el control de la pauta publicitaria estatal en manos de la Agencia Télam para trasladarla a la órbita de la Jefatura de Gabinete y agencias publicitarias privadas eliminando así cualquier tipo de control sobre los recursos públicos.

Finalmente, pero no menos importante, cabe recordar que desde diciembre de 2015 a esta parte fueron despedidos más de 2500 compañeros y compañeras del gremio de prensa producto del ajuste llevado a cabo por las distintas empresas periodísticas. En paralelo se ha sostenido y profundizado un proceso de precarización laboral que incluye el pago de salarios en cuotas, paritarias a la baja y el desarrollo de la multitarea.

Todo esto afecta directamente la capacidad de producir información rigurosa y de calidad, dejando en manos de los grandes formadores de opinión la difusión de mensajes habitualmente ligados a los sectores concentrados de poder de los que forman parte.

Desde Patria Grande denunciamos esta situación que cercena el derecho humano a la información y demandamos que se tomen medidas inmediatas para revertir los ataques a la libertad de expresión. Exigimos la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -aún vigente- y rechazamos todo tipo de persecución hacia las y los trabajadores de prensa.

Temas de la nota: