“Cuando la gorra crece, nuestros derechos desaparecen”

Por: Eugenia Tommasi | 23 de noviembre de 2016

El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de Naciones Unidas sancionó la Convención Internacional de Derechos del Niño. Tomando esa fecha, y por la gran violencia policial generada principalmente por la aplicación del Código de Faltas, en 2007 en la ciudad de Córdoba, grupos de jóvenes comenzaron a organizar la “Marcha de la Gorra”. Una actividad que, no solo buscaba ponerle un freno a la violencia policial, sino también discutir con la sociedad sobre la estigmatización hacia la juventud.

La Marcha fue creciendo en cantidad de gente que participaba y en otras ciudades producto de que también fue creciendo y desnaturalizándose la violencia policial e institucional y la vulneración de derechos hacia la niñez y la juventud. Este año, además de la Marcha central y multitudinaria que tuvo lugar en Córdoba, se realizan otras en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, 

En Mar del Plata tuvo lugar el pasado 21 de noviembre la segunda Marcha de la Gorra. De la misma participaron organizaciones sociales, culturales y políticas que, dejando de lado diferencias, pudimos avanzar juntos y juntas con la certeza de que contra la violencia policial e institucional y por los derechos de la juventud tenemos que ser cada vez más y, en unidad, salir a la calle. 

La ausencia es violencia

Desde la Comisión Organizadora de Mar del Plata, hicimos público que vemos con preocupación que, desde la primera Marcha de la Gorra que realizamos en 2015, se han agudizado las prácticas de estigmatización y persecución a los jóvenes en situación de vulnerabilidad por parte de las fuerzas policiales, legitimados por discursos mediáticos y sociales que no hacen más que aumentar la violencia. En nuestro país, aumentan los discursos y prácticas que pretenden cargar todos los males de nuestra sociedad sobre los pibes y pibas de los barrios populares. Se construye a quienes usamos gorra como enemigos de la sociedad, legitimándose de este modo todas las violencias físicas, discursivas y simbólicas que padecemos diariamente.

Ese contexto de crecimiento del Estado en su poder de garrote y de fortalecimiento de la cadena represiva se ve agudizado por la ausencia cada vez mayor del Estado en la promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes. Por eso, cuando la única cara del Estado que conocen nuestros pibes y pibas es la que viene con gorra y bastón, la ausencia del Estado también es violencia, violencia institucional.

En la provincia de Buenos Aires, esta ausencia y violencia surge claramente de la escandalosa desigualdad presupuestaria. En 2015, la inversión en la Secretaría de Niñez y Adolescencia fue de $1.169.427.000. En 2016, se bajó la categoría de Secretaría a Organismo y, con ello, el presupuesto que pasó a ser de $230.400.000 (una reducción del 80%). No sucede lo mismo con lo destinado a Seguridad, que en el año 2015 fue de $23.442.000.000 y en 2016 pasó a ser de $36.000.000.000. Para ponerlo en términos claros: por cada peso que la provincia destinó en 2016 al área de Niñez y a Adolescencia, se pusieron $156 para “seguridad”.

Esa ausencia en materia de promoción y protección se expresa en el recorte de programas y dispositivos, como así también en los despidos y reducción de trabajadores y trabajadoras. En la actualidad, fuerzas federales llegan a Mar del Plata y Batan, pero los programas de desarrollo y fortalecimiento de derechos se van de los barrios. Algunos ejemplos de ello son el recorte en las horas de educación PEBA, la situación de los Almacenes Culturales y de las Orquestas infanto-juveniles. En el mismo sentido impactan las bajas repentinas de unos 300 jóvenes del programa PROGRESAR, la falta de recursos para dispositivos que trabajan sobre el consumo problemático de adicciones en territorio (SEDRONAR) y el vaciamiento de los dispositivos creados por ley para intervenir en territorio, como son los Centros de Protección de Derechos del Niño, varios de los cuales ya ni están en el territorio.

Como si esto fuera poco, al igual que gran parte de la sociedad, las y los jóvenes encuentran desprotección y precariedad relacionada con la ausencia de trabajo y de derechos laborales plenos. Frente a esa desprotección, el Estado ofrece planes o hacerse policía, y la única propuesta impulsada por Cambiemos fueron programas de primer empleo que son disfraces de planes ya conocidos por nuestro país en la década del noventa y que buscan desfinanciar la seguridad social y beneficiar a grandes empresas y multinacionales.

Frente a todo esto, al igual que en 2015, desde la Juventud Rebelde de PATRIA GRANDE, asamblea de jóvenes del Barrio Pueyrredón de Mar del Plata, decidimos impulsar la Marcha de la Gorra en la ciudad,  reivindicando, principalmente, nuestro derecho a tener derechos. En una producción colectiva, esta juventud, muchas veces estigmatizada y violentada, expresó por qué y para qué hacemos esta Marcha: “Somos los pibes y las pibas, la juventud que pelea por sus derechos. Los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas junto al pueblo solidario. Los que estudiamos, en la escuela y en la calle. Las madres y los padres. Quienes sufrimos el maltrato policial y la violencia institucional. Los discriminados por usar visera. Quienes formamos parte de las organizaciones sociales, culturales y políticas. Los futbolistas que soñamos ser futbolistas. Los pibes de la esquina. Los músicos y las militantes. El presente y el futuro. Marchamos para terminar con la violencia policial. Estamos en la calle para reclamarle al Estado que garantice nuestros derechos, y para que la sociedad los conozca. Marchamos para que no nos discriminen ni nos miren con desprecio. Para demostrar que los jóvenes no somos peligrosos, que queremos crecer, poder estudiar y trabajar. Salimos a la calle para que no haya más muertes por violencia de género, y porque vivas nos queremos. No queremos un Estado con Gorra, queremos políticas de promoción de derechos en los Barrios”.

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