“El gobierno busca cruzar el umbral de tolerancia a la protesta social”

Por: Federico Araya y Cecilia Pato | 12 de abril de 2017

Tanto el ejército de trolls como las voces de los funcionarios del ejecutivo nacional vienen deslegitimando las manifestaciones. Entrevistamos a Manuel Trufó del Equipo Seguridad Democrática y Violencia Institucional  del CELS para analizar el recrudecimiento en la política de represión a la protesta.

Cambio: Uno de los cambios más fuertes del macrismo en materia de política pública tuvo que ver con la regulación del conflicto y la ocupación del espacio público. ¿Cúal es la caracterización que hacen de la forma con la que el macrismo enfrenta la protesta social y la ocupación de la calle?

Manuel Trufó: Para nosotros lo que hay es una nueva forma de entender la conflictividad social y su relación con la ocupación del espacio público desde el Estado. Es bastante evidente que hay un modelo para el cual la protesta social es un obstáculo, algo que hay que evitar o remover; inclusive un espacio en el que se cometen delitos antes que una práctica central y vital de la vida democrática. Esto tiene que ver con el modelo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicó durante la gestión de Macri junto al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Sobre esta cuestión ideológica, en el sentido de que hay muchos sectores que están convencidos de que esto debe ser así, de que en su visión del mundo es la forma en la que se debe actuar, a ello se vino planteando una coyuntura de crecimiento de la conflictividad social que potencia todo esto y hace que desde el gobierno resulte urgente manejar la calle en estos términos. A su vez, la estrategia de evitar la movilización social funciona como guiño a parte de su electorado, a actores del poder político y de los medios de comunicación que demandan con fuerza “limitar” la protesta social.

C: Pensando en cómo se vienen manejando el gobierno y las fuerzas de seguridad en las últimas semanas, ¿cómo se explica el modo en que actuaron el año pasado?

MT: El año pasado no se pudo llevar a la práctica este modelo. Comenzaron con el texto de lo que ellos llaman protocolo, que en realidad es un mamarracho técnico-jurídico, un mensaje disciplinante que funciona como amenaza para quienes quieran manifestarse. Arrancaron con intervenciones muy violentas (Cresta Roja, La Plata) pero después inició un ciclo de manifestaciones populares que puso un límite a la posibilidad de materializar esa visión. De hecho, lo que vimos el año pasado es que, en general, no se aplicaba esa “tolerancia cero” frente a la ocupación del espacio público; más bien se activaron mecanismos de negociación más políticos como el diálogo entre Desarrollo Social y la CTEP. Sí en cambio podemos decir que el modelo se aplicó con más virulencia contra actores más débiles políticamente, como los manteros, los mapuches en Chubut, contra actores que no cuentan con tanto capital social y político.

Ese límite que encontraron el año pasado se puso en tensión en las últimas semanas y están tratando de empujarlo con el conflicto docente y con algunos episodios con los que el gobierno evalúa que hay un sector de la sociedad que ve bien la forma en que se reprimieron los piquetes del último paro; hay otra lectura electoralista que los tiene pendientes de las encuestas de opinión y una lectura de la movilización del sábado 1º de abril que, de alguna manera, entienden como un apoyo y un reclamo de que “vayan más allá” de lo que están haciendo, que no sean tan tibios. Entonces, parece que se abre otro momento en el que hay que ver si el gobierno busca estirar más el límite en su política de limitar la protesta. Después hay casos más puntuales como el de Jujuy, por ejemplo, donde se montó un dispositivo político-judicial que tenía el objetivo de destruir una organización y efectivamente fue así.

Resumiendo, hay una idea de que la protesta es algo a evitar. Hasta ahora el gobierno no había podido avanzar como hubiera querido por ciertas fortalezas de algunos actores del campo popular y algunas disidencias internas en el gobierno. Me parece que hasta hace poco el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires venía con una política de evitar un choque directo y últimamente hubo algunos episodios complicados a partir de los cuales habrá que pensar si es que se está reposicionando o realineando con el gobierno nacional, que era un poco la demanda que le hacían, o si fueron episodios aislados.

C: A lo largo de este año y medio el gobierno construyó un sentido común contra los piquetes, asociándolos a la ilegalidad, a la extorsión, etc. ¿Cómo evalúan esas operaciones del macrismo para construir las bases de consenso para la represión?

MT: Lo que se ve es la construcción de un límite, es decir, construir hasta qué punto una protesta es legítima y hasta qué punto no y desde dónde no lo es. Para nosotros, el lugar donde construyen ese límite es muy problemático porque es muy recortado, supone efectivamente un recorte del derecho a la protesta. Junto con esta idea de qué significa la protesta en la vida democrática, hay discursos y una construcción de sentidos que buscan cruzar el umbral de tolerancia que se construyó años anteriores, desde ya acompañado de muchas ideas de sentido común ya trabajadas por parte de los medios y actores políticos en ese período también. El macrismo se para sobre esos sentidos preexistentes que, además, convergen con su propia ideología y hay un despliegue retórico que acompaña, que muchas veces cede y otras excede a lo que concretamente lleva a cabo en las calles. Esto se dio sobre todo con lo del protocolo anti piquetes del año pasado en el que el despliegue retórico fue mayor que su aplicación concreta. Lo que ellos llaman un protocolo, y los medios retoman de ese modo, básicamente es un artefacto comunicacional para disciplinar a manifestantes, por un lado, y para dar mensajes hacia las fuerzas de seguridad, por el otro.

C: ¿Creés que junto a la represión van a continuar con las judicializaciones como mecanismo de criminalización?

MT: Es difícil definirlo en términos empíricos. Lo de Jujuy es un ejemplo claro que va más allá de cómo se trató la criminalización en el período kirchnerista, y en los distintos episodios de represión de los últimos meses vemos causas a manifestantes por resistencia a la autoridad, etc. Sigue habiendo uso del sistema penal, de la policía y del poder judicial para marcar ese límite y decir “acá ya no hay protesta social sino delito”.

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