El macrismo ante 2017

Por: Ulises Bosia | 02 de marzo de 2017

El discurso de apertura de las sesiones legislativas del presidente confirmó que su objetivo es profundizar el rumbo tomado un año atrás. No se trata de errores ni de una cuestión de tiempo: quienes “esperan” una modificación de su política solo encubren con ello su complicidad. Marzo se anuncia movilizado y sugiere la unidad política que nos falta.   

 

Un año atrás decíamos, en estas mismas páginas, que uno de los grandes desafíos del gobierno de Cambiemos para consolidarse sería hacer pasar su programa de gobierno para unos pocos como si fuera una propuesta al servicio del desarrollo del país y del bienestar de las mayorías populares. En términos más precisos, ¿cómo construir hegemonía siendo un gobierno integrado por CEOs?

La forma que encontró el gobierno es insistir en que “Argentina se pone de pie”, que “hay que creer en el cambio”, que “sí, se puede” y otras frases similares que el presidente repitió en su discurso de apertura de las sesiones legislativas de este año. No hay que olvidar que, según la filosofía de Durán Barba, “ser es percibir”, como pensaban los filósofos empiristas más radicales de hace 300 años y que hoy retoma el propio presidente: “los sentimientos y emociones son lo más real que tenemos”, una idea que se vuelve escalofriante ante un gobierno capaz de operar a través de la gran mayoría de los medios masivos de comunicación y las redes sociales.

Sí a las sensaciones y a las emociones. Sí a la esperanza y el optimismo. No al pensamiento crítico, como sermonea desde su púlpito 2.0 Marcos Peña. No a los datos reales y a los cuestionamientos políticos. Sí al “diálogo” y al “consenso”, no al antagonismo y al conflicto. Un marketing político alienante al servicio de un programa político antipopular. Esa es la base de la ideología de Cambiemos, pensada exclusivamente para polarizar contra el gobierno anterior, convertido a su vez en la peor pesadilla gracias a la ofensiva mediática y judicial en curso.

Esta ideología desnuda la total falta de logros de gestión tras su primer año de gobierno. Hablamos de logros para las mayorías populares, naturalmente, porque para los ricos pueden contarse importantes beneficios. No es poca cosa. Es necesario recordar que Menem logró consenso social para avanzar en su programa neoliberal recién una vez que pudo demostrar que había logrado disciplinar a la inflación, tras las crisis hiperinflacionarias con las que inició su gobierno. En el presente, todavía seguimos sin poder ver logros económicos relevantes y, más allá de las cándidas expresiones de deseos del ministro de Hacienda Dujovne, nada indica que en 2017 la economía se esté reactivando.   

En realidad, se trata de evitar hablar del primer año de gobierno todo lo posible y, cuando no queda otra, apelar al mayor cinismo. “Queremos que los científicos puedan hacer más y mejor investigación”, decía, mientras científicos, becarios y estudiantes protestaban fuera del Congreso contra los recortes.

Todo indica que esta será la tónica con la que el gobierno afrontará las elecciones legislativas de este año, de resultado determinante. ¿Cómo procesará nuestro pueblo sus vivencias cotidianas caracterizadas por el empobrecimiento masivo y la pérdida de derechos? ¿Cuánto logrará el gobierno imponer su ideología sin contar con el respaldo de logros económicos palpables para cualquier persona de a pie?  

Los dos fantasmas que acechan al gobierno

Dos son los grandes obstáculos que aparecen en su camino. El primero, el fantasma de la corrupción, arma principal de la ofensiva judicial-mediática-opositora contra todo lo que tuviera algo que ver con el kirchnerismo. Con el paso de los meses, la acusación puede convertirse en un búmeran que le pegue de lleno al propio gobierno de la Alianza Cambiemos.

“La corrupción se combate con transparencia e integridad”, aseguró el presidente a la Asamblea Legislativa con su mejor cara de piedra, pocos días después de prometer llevar a “fojas cero” las negociaciones entre el Estado y la empresa de su familia por la deuda del Correo Argentino.      

Según distintos estudios de opinión, el conflicto de intereses en el caso del Correo fue la gota que rebalsó el vaso. Vale la pena insistir: el carácter rapaz de este empresariado contratista al que pertenece la familia Macri se muestra en que no solamente estuvieron a punto de licuar una deuda millonaria con el Estado, ante la que solo se interpuso el dictamen valiente de una fiscal, sino que además iniciaron nuevas demandas por la expropiación. Es decir, no solo se trataba de no pagarle nunca al Estado sino de terminar cobrando.  

El propio periodismo oficialista debió tomar distancia. “Gobierno de pasantes”, los definió Clarín. “Ya no hay más margen para errores”, sentenció La Nación. Claro que, para ellos, estas críticas son parte del juego de toma y daca que estamos viendo desde hace un año. Por eso no sorprende que la respuesta del gobierno haya sido la entrega gratuita a Nextel-Clarín de frecuencias para que ingrese en el negocio de la telefonía a través del 4G.

Además, la posibilidad de que el caballito de batalla de la corrupción se vuelva un búmeran crece en la medida en que se amplía la lista de conflictos de interés: Shell, Avianca, peajes y la lista sigue. El actual jefe de la AFI, Gustavo Arribas, todavía debe justificar los depósitos en sus cuentas en Suiza, atribuidos a operadores de la gigante contratista basileña Odebrecht. Y a eso se suma el posible impacto nacional del “Lava Jato” brasileño, en el que se filtraron correos electrónicos que relacionan el pago de coimas a funcionarios públicos por parte de Odebrecht con la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento en tiempos del último gobierno de Cristina, adjudicada a la empresa IECSA, de la familia Macri.  

En la tentación antipolítica del “son todos iguales”, que acecha sobre todo a los sectores desencantados del macrismo, resuenan los ecos de la bronca de 2001. Pero evitar ese destino de escepticismo y descreimiento generalizado supone también, para las fuerzas del campo popular, la necesidad de asumir una ética de la transparencia contra cualquier justificación de la corrupción, tal como plantea insistentemente Álvaro García Linera. De otro modo, solo se le hace el juego a la derecha porque se pierde cualquier tipo de autoridad moral para denunciarla.     

Por otro lado, el segundo de los obstáculos para la construcción de la hegemonía macrista es la instalación del estigma de ser “un gobierno para ricos”. A las millonarias transferencias de ingresos operadas durante el año pasado, se suma un rosario de medidas durante este inicio de año que no dejan dudas: el intento de cerrar las paritarias a la baja, el insólito descuento en las jubilaciones que debió ser rectificado, la eliminación de los feriados puente, los nuevos aumentos de tarifas en distintos servicios públicos, las modificaciones en la Ley de Riesgos de Trabajo, el fin de los programas de cuotas sin interés por insistencia de las grandes cadenas de electrodomésticos, entre otras.  

Se trata de una completa agenda contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras que, como venimos insistiendo desde hace un año en Cambio, conforman el objetivo central sobre el que los sectores dominantes buscan avanzar.

La ofensiva llega a tal extremo que los camaristas del fuero laboral que avalaron la negociación lograda por la Asociación Bancaria con las cámaras patronales fueron amenazados con un juicio político por parte del gobierno. Esa es la realidad detrás de la bandera de la “justicia independiente”. Y es también lo que esperan evitar si consiguen desplazar la justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como más en general avanzar en la reforma judicial que está preparando el Ministerio de Justicia.

Reacomodamientos en el mapa político

Marzo asoma como un mes plagado de movilizaciones populares. El paro docente nacional del 6 y 7, la movilización de la CGT también el 7, el paro internacional de mujeres del 8, la movilización de la CTEP y sus aliados el 13 y, por supuesto, el 24 de marzo a 41 años del último golpe militar. Imposible hacer un cálculo certero pero, indudablemente, seremos millones de personas las que participemos a lo largo y ancho del país de todas estas iniciativas, lo que marcará la agenda política y hará muy difícil que el gobierno recupere la iniciativa en lo inmediato.   

En este marco, es posible que, haciendo un cálculo electoral, este año los “dadores voluntarios de gobernabilidad”, como los llama de forma tan ocurrente como socarrona Jorge Asís, retaceen sus servicios. Massa, Pichetto, Stolbizer, Bossio, Urtubey, entre otros, aspiran a evitar la reedición de un escenario de polarización política que achicaría los márgenes de la “ancha avenida del medio” y sería inevitable en caso de que Cristina sea candidata. Pero aun en caso de no reavivarse la polarización de manera extrema, deberán optar o bien por captar votos desencantados de la base social de Cambiemos –el acuerdo Massa-Stolbizer es una buena expresión de esa línea–, o bien por atraer a sectores deseosos de una renovación desde el peronismo. En ambos casos, puede ser funcional mostrarse más “opositores” que en 2016, siempre que la imagen del gobierno no se recupere ni la situación económica mejore.

Esa falsa oposición puede ser un obstáculo momentáneo para Cambiemos, que prefiere polarizar contra el kirchnerismo, pero representa un objetivo estratégico de los sectores dominantes que requieren la construcción de una alternancia funcional a sus intereses para proyectar una hegemonía estable. En efecto, la complicidad del sector dialoguista de la oposición fue clave el año pasado, tal como quedó claro en los deseos del propio Macri ante la Asamblea Legislativa: “espero que este año en la relación del Ejecutivo con el Congreso podamos repetir mucho de lo que hicimos el año anterior”.

Mientras tanto, Cambiemos sigue buscando resolver las listas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, sus principales desafíos electorales de 2017. Mientras en su bastión porteño Lousteau amenaza con jaquear al PRO presentándose por afuera de Cambiemos, en territorio bonaerense escasean las figuras de peso para encabezar las boletas, con la excepción de Carrió, quien aún no aseguró si cruzará la General Paz para competir en provincia. El intento de utilizar la figura de Vidal en la elección parece su principal apuesta, sin embargo es muy difícil que la elección no se nacionalice, como toda elección de medio término. En ese marco, el centro del debate público será la aprobación o no de la gestión de Macri, y a ese terreno deberá adaptarse el PRO.     

El peronismo bonaerense, por su parte, continúa en una interna de difícil resolución entre los sectores “renovadores”, entre los que se destacan los intendentes del Grupo Esmeralda –Insaurralde y Katopodis, principalmente–, y los que aspiran a garantizar un marco de unidad con los sectores leales del kirchnerismo a su interior –el Grupo Fénix donde sobresalen Espinoza y Magario. Para los primeros, es difícil aceptar una candidatura de Cristina, a la que no le reconocen la conducción, aunque aún no tienen ninguna carta ganadora que contraponerle; para los segundos, en cambio, se trata de aprovechar el significativo piso de apoyo popular de Cristina para intentar empujar a un armado de unidad que les permita recuperar terreno en la provincia de Buenos Aires, después de la dolorosa derrota frente a Vidal.

En cualquier caso, las especulaciones alrededor del futuro de Cristina estarán en el centro de la escena nacional en las próximas semanas y meses. Con más razón en el caso de que los rumores que circulan por Comodoro Py se concreten y, el 7 de marzo, cuando deba asistir a declarar frente al juez Bonadío, haya un intento de encarcelarla, de consecuencias imprevisibles.

Sea como fuere, las enormes energías desplegadas por el campo popular en la movilización callejera volverán a ofrecer en marzo un testimonio de que es necesario buscar la construcción de nuevas herramientas frentistas capaces de canalizar en el terreno electoral de forma unitaria el rechazo al gobierno neoliberal y a sus socios funcionales.  

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