El marco legal para barrer con los derechos laborales

Por: Martín Máscolo - Secretario Gremial de la Comisión Interna del Fuero del Trabajo | 23 de noviembre de 2016

Amparándose en la “autonomía” de la Ciudad de Buenos Aires, el macrismo pretende reducir el Fuero de Trabajo con el objetivo, de esta manera, de allanar el camino de los empresarios para abaratar costos a través de la flexibilización laboral de trabajadores y trabajadoras. Cuáles son las implicancias del debilitamiento de una de las herramientas más importantes para la defensa del movimiento obrero.

El traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es nada nuevo. El Gobierno de la Ciudad lo viene reclamando desde que Mauricio Macri asumió la Jefatura de Gobierno en el año 2007 tomando como argumento la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires establecida en la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Fue justamente en los años noventa, en un contexto de avanzada del capital sobre los derechos de los trabajadores, cuando se dio el primer intento de traspaso que en aquellos años se encontró con la resistencia de un frente conformado por corrientes de abogados, trabajadores judiciales y organizaciones sindicales fundamentalmente nucleadas en el MTA.

Hoy la historia se vuelve a repetir en un contexto muy parecido al de aquellos años. La Alianza Cambiemos se propone iniciar una profunda y regresiva reforma laboral que apunte a barrer con los derechos de la clase trabajadora y, en ese camino, busca promulgar leyes de flexibilización laboral, modificar la Ley de Accidentes de Trabajo y disciplinar a la clase obrera a través de los despidos. Para ello, necesita barrer con el Derecho Protectorio y la forma es desmembrando y reduciendo su fuero de aplicación que es el Fuero del Trabajo del Poder Judicial de la Nación.

El Fuero del Trabajo fue creado hace más de 70 años, a través del Decreto 32347/44 elaborado por Perón desde la Secretaría de Trabajo con el objetivo de atender, a partir de entonces, los conflictos legales suscitados en la relación capital-trabajo. Fue un cambio profundamente político que significó un avance para la clase trabajadora en su posibilidad de litigar de manera más eficaz, menos onerosa y, de entrada, bajo un principio de carácter protectorio.

Para esquivar un debate de carácter político, los impulsores del traspaso buscan llevar adelante la iniciativa introduciendo el debate desde el punto de vista jurídico. Existe toda una discusión constitucional respecto de lo que significa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y si la misma implica que la Ciudad deba tener su justicia ordinaria o no. Fue la promulgación de la Ley 24.588 –conocida como Ley Cafiero– en 1997 la que determinó los alcances de esta autonomía, estableciendo para la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas, facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaria.

La propuesta del macrismo

En las últimas semanas se dió a conocer un proyecto de convenio que sería firmado entre los Ministerios de Justicia de la Nación y de la Ciudad en el cual figuran los primeros juzgados a ser traspasados. Esta iniciativa es una veta que el gobierno encontró para esquivar la traba que implica la Ley Cafiero para el proceso del traspaso ya que, en un primer momento, buscó darle tratamiento parlamentario. Sin embargo, los proyectos quedaron cajoneados en el Congreso de la Nación. Este convenio, una vez firmado, pasaría luego a tratarse en la Legislatura y en el Congreso y, de este modo, obtendría carácter de ley. En el mismo se plantea que serían 30 juzgados, cuya titularidad hoy se encuentra vacante, los primeros en ser pasados. Además, estos juzgados pasarían sin causas para comenzar desde cero y las que hoy se encuentran en trámite en los mismos serían repartidas entre los 50 juzgados restantes que quedarían en la órbita nacional como “juzgados residuales” encargados, únicamente, de terminar las causas iniciadas hasta el momento.

Todo esto implicaría, por un lado, un grave conflicto de carácter gremial para los trabajadores del Fuero del Trabajo que actualmente ya se encuentra colapsado con el consiguiente deterioro de las condiciones laborales, la extensión de la jornada laboral –no remunerada–, las presiones y el acoso por parte de magistrados y funcionarios, etc. Y, por otro lado, una extensión aún mayor de los ya preocupantes tiempos de trámite de las causas, lo cual implica un deterioro en el cumplimiento de justicia para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras que vienen a buscarla ante los incumplimientos de las leyes por parte de los empresarios.

El Fuero del Trabajo, tal cual existe hoy, irradia jurisprudencia hacia todos los puntos del país y es ejemplo en materia de derecho protectorio. El traspaso del Fuero del Trabajo al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, la transformación de la Justicia Nacional del Trabajo en Justicia Local implica, ni más ni menos, el desguace, desmembramiento y achicamiento del mismo. Es decir, la destrucción de un Fuero que ha sido una herramienta más de lucha del conjunto de la clase trabajadora del país.

En este marco, los judiciales del Fuero del Trabajo hemos iniciado una lucha contra el traspaso en conjunto con grupos de abogados y el apoyo de sectores del sindicalismo. El 22 de noviembre hemos parado y nos hemos movilizado a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y el día 23 estaremos realizando un paro de 24 hs. para frenar esta iniciativa que entendemos como un ataque no sólo a los judiciales sino a todo el movimiento obrero. Por ello, es fundamental que esta lucha sea incluida en la agenda de todos los sindicatos del país y de las centrales obreras. Porque la defensa de este fuero significa la defensa del derecho protectorio del trabajo y la defensa de la clase obrera en su conjunto.

Temas de la nota: