Eli Gómez Alcorta: “En diez años se va a estudiar el caso de Milagro como el de más grave violación a los derechos humanos en la era del macrismo”

Por: Federico Araya y Ulises Bosia | 06 de junio de 2017

Tras 500 días de detención arbitraria e ilegal de Milagro Sala, conversamos con la abogada  Eli Gómez Alcorta sobre la actualidad del caso, la realidad actual del Poder Judicial y el rol de los abogados y abogadas populares en esta etapa política.

El 30 de mayo se cumplieron 500 días de la arbitraria detención de Milagro Sala en Jujuy. En sus redes sociales, ese día, Eli Gómez Alcorta, una de sus abogadas, escribía lo siguiente: “En estos 500 días debimos volver a pensar estrategias para defender presos políticos, debimos armar comités por la libertad en cada ciudad de la argentina y del mundo; debimos volver a recurrir a los organismos internacionales de derechos humanos ante la ausencia de justicia en nuestros país; debimos articular nuestro trabajo con lo mejor de la iglesia, con sus curas en opción por los pobres; debimos cortar rutas, hacer festivales, peñas, huelgas de hambre, petitorios, envíos de cartas masivas, vídeos, canciones, escraches y todo lo que nuestra imaginación nos permitió.
En estos 500 días puteamos muchas veces, lloramos otras tantas, nos angustiamos gran parte del tiempo y nos abrazamos para que duela un poco menos. Porque la INJUSTICIA duele, joder, cómo nos duele.” La síntesis conmueve y motiva a redoblar los esfuerzos para que Milagro sea liberada.

Durante mayo, llegaron a nuestro país dos misiones de organismos internacionales en relación con su caso. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que anunció que visitará a Milagro en el penal donde está detenida y, por otro lado, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que estuvo presente en el penal. En ambos casos, exigen su libertad, lo que frustró el intento del gobierno de aprovechar su presencia para limpiar su imagen internacional.

Por otra parte, el equipo de abogados de Milagro espera que, en lo inmediato, la Corte Suprema se expida sobre dos planteos. En primer lugar, la ilegalidad de la detención de Milagro en todas las causas que le armaron, teniendo en cuenta que fue electa como diputada del Parlasur y, por lo tanto, cuenta con fueros. En segundo lugar, la inexistencia de pruebas que justifiquen el planteo de que pueda fugarse o entorpecer las investigaciones judiciales en curso, por lo que, si la Corte avala este planteo, también debería ser liberada en todas las causas en las que tiene prisión preventiva.

Finalmente, la semana pasada, Eli y el equipo de abogados de Milagro plantearon en audiencia ante la Cámara de Casación Penal N° 4 la revisión de la arbitraria condena por el caso del escrache al entonces senador jujeño Gerardo Morales, en 2009, en el que Milagro ni siquiera estuvo presente y en el que las supuestas pruebas para incriminarla como instigadora fueron demostradas falsas y no concluyentes por parte de la defensa.    

Además de abogada, Eli es una de las referentes de AHORA BUENOS AIRES, la plataforma ciudadana que impulsamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a otras organizaciones y personalidades de distintos ámbitos. Conversamos con ella para profundizar sobre lo que implica la situación actual de Milagro y, más en general, el momento político, la necesidad de democratizar el Poder Judicial y el rol de los abogados y abogadas en esta etapa política.   

Cambio: A 500 días de la detención de Milagro, ¿tenés la sensación de estar viviendo un caso paradigmático en la historia del derecho argentino?

Eli Gómez Alcorta: Sí, sin lugar a dudas. En diez años, o quizá antes, se va a estudiar el caso de Milagro como el caso de más grave violación a los derechos humanos en la era del macrismo. Porque hay una diversidad tan grande y una sistematicidad tan sostenida de violación a las garantías más elementales en cada una de las causas de Milagro que lo colocan como un caso paradigmático por su tremenda arbitrariedad. No es que no existan casos en los que se violen las prisiones preventivas o en los que se viole el derecho de defensa judicial. Hay muchos casos, inclusive algunos que no tienen contenidos específicamente políticos. Ahora, cuando uno lo analiza en términos globales, no hay dudas de que el caso de Milagro es un caso paradigmático. 

C: Ahora bien, todas esas arbitrariedades nos llevan a pensar en los límites, en las cosas que no logramos democratizar o poner en crisis del andamiaje judicial argentino, ¿no? 

EGA: En principio, lo que no logramos hacer en nuestros 34 años de vida democrática fue democratizar el Poder Judicial. Y cuesta mucho que la gente lo visibilice como uno de los graves problemas institucionales que tenemos en la Argentina. El Poder Judicial nunca fue democrático, esto no es tampoco algo exclusivo de la época de Macri. Es un poder altamente conservador, misógino, elitista, antipopular. Cuando uno piensa en la década del noventa, en ese momento de la Corte con la mayoría automática, de la servilleta de Comodoro Py, nadie pensaba que era un poder independiente del poder político. Pero la diferencia es cuál era la utilidad que le daban al Poder Judicial. Estaba al servicio de generar impunidad para la casta política, para que puedan llevar adelante la mayor cantidad de actos de corrupción, asegurados y amparados por el Poder Judicial. En los últimos largos años, esto cambió. Sigue siendo igual de dependiente del poder político pero ya no para amparar o asegurar impunidad sino que a los fines de eliminar al oponente político. Pensemos en el caso de Brasil, porque no es algo exclusivo de nuestro país. ¿Cuál es el rol que tuvo la Corte Suprema en la destitución y en el golpe a Dilma Rousseff? Cuando uno se pregunta quiénes son hoy las personas que están siendo más perseguidas judicialmente en la Argentina tenemos a Milagro, CFK y Gils Carbó. Además de que son tres mujeres, lo que no me parece tampoco casual, ¿cuál es la herramienta de persecución política? La utilización del Poder Judicial. En algún punto hemos podido avanzar, en ciertos sentidos, en los ámbitos de los derechos humanos, que en eso sí creo que hay alguna parte que está capitalizada. La marcha del 10 de mayo contra el 2×1 demuestra que lo capitalizamos. Ahora, la falta absoluta de independencia del Poder Judicial se puede ver tanto en Comodoro Py como en cada localidad con los jueces adeptos a los respectivos intendentes o a los gobernadores en las provincias. Esto es algo que está y que siempre estuvo. 

C: ¿Esto cambia el rol del abogado de derechos humanos?

EGA: Sí, sin lugar a dudas. Para los abogados de derechos humanos esto significa un nuevo desafío. Uno siempre sabía que había que pasar el escollo del juez local, del juez adepto, del juez que está en connivencia, por ejemplo, con la policía y el poder político en las redes de trata. Vos sabías que saliendo de ese juez alcanzabas alguna otra instancia en la que podías llegar a encontrar algún tipo de resguardo a los derechos de los ciudadanos.  
Nosotros, en el caso de Milagro, hicimos todo un proceso: lograr salir de la provincia y llegar hasta la Corte Suprema de la que, junto a los 500 días de prisión, estamos esperando ahora su pronunciamiento. Pero a dos de sus jueces Macri los quiso designar por decreto a los 4 días de asumir, mientras que no sabemos el acuerdo que hicieron con una jueza como Highton de Nolasco para sostenerla una vez que haya cumplido los 75 años, violando la Constitución Nacional. Uno dice “ni siquiera tengo el paraguas en lo más alto”. Lo cierto es que, hagas lo que hagas con el caso de Milagro, lo van a resolver en términos políticos, no hay posibilidad de resolverlo en términos jurídicos. Eso nos obliga a pensar distintas estrategias que van por fuera de lo judicial, estrategias políticas, instancias internacionales, mediáticas, que se han utilizado en otras épocas y que hoy las tenemos que evaluar y volver a utilizar en cada uno de los casos. 

C: Ese desborde de lo estrictamente jurídico también plantea el rol político de los abogados de derechos humanos.  

EGA: Sí. Todos los abogados populares subordinan necesariamente las acciones jurídicas o judiciales a las acciones políticas porque el conflicto es un conflicto político, no es un conflicto jurídico. Sostener, entonces, que la resolución la vas a buscar por medios exclusivamente jurídicos te deja por fuera de la posible resolución del tema. Si uno piensa cualquier caso, como por ejemplo el de una denuncia por usurpación de un gran terrateniente o una comunidad indígena, si sos el abogado no tenés que salir a discutir alguna cuestión técnica sino a denunciar que cómo van a usurpar tierras que son tradicionalmente propias, o los negociados que hay entre un gobierno provincial y ese empresario. Uno necesariamente tiene que salir a buscar estrategias que no son las del procedimiento o de la dogmática penal. 

C: Ahí se abre, también, la dimensión colectiva del laburo judicial. Porque, en cierta forma, la cuestión técnica puede ser abordada de forma individual pero, al ir más alllá de lo jurídico, necesariamente aparece la necesidad de trabajo colectivo. ¿Cómo ves ese tema? 

EGA: Justamente, el viernes pasado daba una charla en una facultad sobre abogacía popular. Ahí decía que el abogado prototípico, el abogado con el cual se nos forma en todas las universidades argentinas, tiene un rol tradicional, liberal, pensado para un ejercicio individual y un sometimiento de las reglas del ordenamiento vigente. Pero, en cambio, cualquier abogado popular en cualquiera de sus facetas, sea un abogado de derechos humanos, sindical, de pueblos originarios, de presos políticos, de violencia institucional o de las organizaciones sociales, necesariamente es un abogado o una abogada que nunca hace un trabajo individual sino colectivo porque la herramienta jurídica es una más de las herramientas en la lucha de un conflicto. No es “la” herramienta, como en el caso del cobro de un pagaré, en el que el conflicto es simplemente ese. Como en estos casos se trata de conflictos políticos, si uno tiene que pensar, por ejemplo, una paritaria, el abogado sindical va a trabajar en términos políticos, de una disputa sobre el incumplimiento de la ley nacional por parte del gobierno nacional, como en el caso reciente de los docentes. Es un conflicto político y, por lo tanto, necesariamente su resolución es colectiva.    

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