INCAA: Tributo, divino tesoro

Por: Mercedes Oliveira, prosecretaria de EDA (Asociación Argentina de Editores Audiovisuales), graduada de la carrera de Montaje Cinematográfico de la ENERC | 26 de abril de 2017

El conflicto desatado por la intervención del INCAA del gobierno provocó la protesta de artistas, productores, cineastas y estudiantes de cine en defensa del cine nacional y contra el vaciamiento del organismo. Detrás de esta prepotente avanzada se encuentra una política tendiente a beneficiar grandes empresas privadas.

Como si las instituciones fueran una mera fantasía y los programas de televisión los únicos dueños de la verdad, el pasado 12 de abril el ministro de Cultura Pablo Avelluto le pidió la renuncia a Alejandro Cacetta, presidente del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales). El motivo: un penoso “informe periodístico” evidentemente “armado”, en el que no podían verse las caras de quienes hablaban y que Eduardo Feinmann y Alejandro Fantino pusieron al aire en el programa “Animales Sueltos” de América TV. Selo ello bastó para que Avelluto justificara el día después el pedido de renuncia a Cacetta por “sospechas de corrupción”. No hubo ni auditoría, ni investigación previa; para el ministro solamente el “informe” de Feinmann y Fantino era prueba suficiente, ignorando y pasando por encima al triunvirato que gobierna un Instituto que es un ente autárquico.

De la mano de este avasallamiento institucional comenzó una campaña mediática de desprestigio contra el cine nacional y la política de fomento del Instituto de Cine. ¿Por qué? Porque el INCAA se financia mediante medidas proteccionistas y eso, en un gobierno neoliberal, está mal visto. El cine nacional se financia a partir de la propia actividad cinematográfica: es la Ley de Cine 17.741 ​de 1968 la que establece en su artículo 24 que el fondo de fomento cinematográfico se integrará con un impuesto equivalente al 10% del precio básico de toda entrada en el territorio nacional. En 1994, mediante la Ley 24.377, se sumó a ese fondo de fomento un impuesto del 25% a las radiodifusoras de televisión que comercialicen en el país. Finalmente, este porcentaje fue ratificado en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como la Ley de Medios, de 2009 en la que se define el destino de los fondos recaudados por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos: 25% del total recaudado para el INCAA, 10% para el  Instituto Nacional del Teatro, 20% para Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado creada por la dicha ley, 28% para la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (incluyendo los fondos para el funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual), 5% para funcionamiento de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, 10% para proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los Pueblos Originarios, con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización, y 2% para el Instituto Nacional de Música.

Cuando Mauricio Macri asumió en diciembre de 2015, firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 267/15 que, por un lado, crea la nueva agencia de comunicaciones, el ENACOM, dejando sin efecto el AFSCA; y, por otro lado, redefine a las empresas de telecomunicaciones como TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación), las cuales aún no tributan por comercializar en el país. Sin embargo, el ENACOM no quiso modificar el pago de gravámenes hasta que se redactara una nueva ley.

Una nueva ley redactada por los grandes medios

La voluntad política del gobierno quedó en evidencia. Pretende trasladar el dinero del sector público al sector privado (Grupo Clarín con Cablevisión, entre otros), eliminar las leyes proteccionistas para la industria nacional y que el libre mercado se encargue de conseguir el dinero para el fondo de fomento, ya no del cine, sino de un amplio sector de la cultura (INCAA, Instituto de Teatro, de Música, Defensoría del Público, etc.).

Ya desde la firma misma del decreto 267/15 se está redactando la nueva ley, aunque la presentación del anteproyecto se postergó en dos oportunidades. Las empresas que proveen plataformas de contenidos Over-The-Top (como Netflix o Televisión On Demand) todavía no están reguladas de manera tributaria para comercializar en nuestro país. Y la nueva ley de Convergencia de Medios de Comunicación está tratando este tema. Mientras que el ENACOM no convocó a ninguna asociación del sector audiovisual para la redacción del anteproyecto, sí están siendo consultados los asesores de Cablevisión, Direct TV y Torneos, entre otras empresas ahora denominadas TICs. Estas empresas serían las principales beneficiarias si el Estado decide no intervenir regulando el espectro de internet para comercializar películas y series en el país. La única entidad del cine consultada por el ENACOM en noviembre de 2016 fue la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA), y fue para la formulación de políticas que contemplaran un nuevo marco jurídico y reglamentario para los medios en el país. Cabe destacar que lo que la MPAA recomendó acerca del mercado digital es “que la política pública en Argentina favorezca las transacciones de libre mercado y evite la intervención innecesaria del gobierno”.

Es más que obvia la intención del gobierno de redactar una ley con los propios beneficiarios de la misma, que son los grandes medios de comunicación del país. De aquí la necesidad de hacer una campaña mediática de desprestigio hacia el cine nacional, hacia quienes trabajan en el sector y tratar de “ganar” el sentido común de la gente legitimándolos, porque es el apoyo que necesitarán para presentar la ley en el Congreso post elecciones e intentar aprobarla.

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