Juntas somos poderosas

Por: María Paula García | 24 de mayo de 2017

El 3 de junio es una fecha ganada por el movimiento de mujeres y feminista. Es, también, una fecha ganada para toda la sociedad: hoy miles de mujeres pueden nombrar lo que les pasa, que no está bien ser violentada, que no se debe aguantar, callar ni ser cómplice. Algunas enseñanzas del grito que sacudió el país y fue más allá.

Ninguna de las demandas exigidas en 2015 ha sido obtenida en su totalidad. Tampoco se lograron frenar los femicidios. Es cierto y es preciso resaltarlo. La cantidad de mujeres, travestis y trans violentadas, asesinadas o desaparecidas ha ido aumentando aceleradamente y durante los meses de abril y mayo casi cada día hubo una menos. No existe únicamente un aumento de los casos, sino también de la crueldad.

Pero si tratamos de ver lo menos evidente, pero no por eso menos poderoso, podemos dar cuenta de que tanto la brutal violencia disciplinadora como la doctrina del shock, que parecen querer aplicar machos alterados ante el cuestionamiento y la pérdida de control, han podido frenar un movimiento lento y por abajo. De a poco comienza a emerger una generación Ni Una Menos: las miles de mujeres, travestis y trans, muchas de ellas jóvenes, que marcharon en 2015 y en 2016, que se sumaron al paro de mujeres del 19 de octubre pasado y volvieron a las calles el último 8 de marzo en el marco del paro internacional. Su conciencia va creciendo al amparo de las movilizaciones masivas, saben de femicidios y de violencias, hablan de transfobias y estereotipos, se cuestionan el amor romántico y los vínculos amorosos, desafían el discurso normalizador de la heterosexualidad como opción pretendidamente natural, no aceptan estar en desigualdad frente a los varones, exigen ser nombradas a través de un lenguaje inclusivo, enfrentan el acoso callejero y están alerta. Son una semilla que poco a poco va germinando.

Transformando la sociedad

Los vientos del Ni Una Menos comenzaron a soplar y entraron a muchos lugares. En algunos casos, a lugares recónditos, hegemonizados tradicionalmente por varones, atravesados por lógicas y concepciones machistas y completamente ajenos a las condiciones de vida de las trabajadoras que dicen representar: y así los sindicatos comenzaron a llenarse de comisiones de género o de mujeres, de reclamos de paridad y representación, de promoción de proyectos de modificación de las licencias parentales, lactarios, jardines materno paternales y licencias por violencia de género. En tiempos de Ni Una Menos se ve sacudido el sindicalismo tradicional.

Tampoco quedaron indemnes los muros de las universidades y los institutos terciarios. Y hoy son decenas aquellas instituciones que aprobaron o están en proceso de aprobación de protocolos para erradicar y sancionar la violencia de género por parte de docentes, estudiantes y personal en general que transita por los claustros. Cada vez más investigadoras exigen visibilidad y reconocimiento en un terreno históricamente dominado por los varones. Y, como si fuera poco, no es ciencia ficción a estas alturas atrevernos a imaginar universidades e institutos en los que las estudiantes tengan licencia por maternidad y ya no pierdan sus cursadas, o en donde los estudiantes puedan hacer uso de licencias por paternidad y dedicarse a tareas de cuidado sin tener que abandonar materias o perder la regularidad.

Y las ráfagas también comenzaron a sentirse al interior de las organizaciones sociales y los partidos políticos: ¿quién puede hoy afirmar que las cuestiones de género son secundarias sin ser rebatido contundentemente? ¿Qué argumentos pueden esgrimirse para justificar la enorme disparidad entre varones y mujeres en espacios de decisión? ¿Quién puede negar que al interior de todos los espacios políticos hay “problemas de género” que deben enfrentarse? Despatriarcalizar la política es la tarea de esta nueva generación.

De la indignación a ser un actor político y social

Ni Una Menos es más que un grito: es una revolución de las mujeres y de las disidencias sexuales por abajo. Surgida del dolor y la rabia contra los femicidios, los travesticidios y la más cruel violencia machista, pero que va mucho más allá. Como supo afirmar Florencia Minici del Colectivo Ni Una Menos en un reciente reportaje, hoy podemos decir que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista argentino, se ha convertido en un actor político y social, y no solamente en un movimiento de indignadas que solo puede hablar de violencia, sino que puede plantearse una agenda económica, política y social capaz de leer y de pensar una serie de situaciones transversales a nuestras vidas. Justamente, la lucha no se agota en la violencia machista y los femicidios: abarca una trama de violencias económicas, institucionales y sociales muy profundas, que tiene a gran parte de sus protagonistas muchas veces como el sector más golpeado y más perjudicado.

Los tiempos del Ni Una Menos son los tiempos de un feminismo popular. Un feminismo que no se enseña ni se aprende en la academia, que nace en cada barrio, cada escuela, cada lugar de trabajo y cada casa. Un feminismo que no es adoctrinado desde afuera sino estimulado por otras, mujeres cercanas que comienzan a politizar sus propias trayectorias personales y contagian. Que tiene como armas a las redes sociales y una nueva forma de comunicar, e inseparablemente a la solidaridad, esa que provoca reaccionar rápidamente ante cada desaparecida, que empuja a las calles a encontrarse con otras frente a cada una que asesinan. Es precisamente popular porque es expresión subjetiva de nuestro pueblo.

Ni Una Menos es más que un grito porque ya es una consigna histórica en Argentina. Y aunque es sabido que la violencia machista no va a terminar de un día para otro, también se sabe que marchar es andar y comenzar a tomar conciencia. Y la consigna que se instaló en la conciencia de la sociedad, aun con todas las contradicciones, parece no tener vuelta atrás.

Los poderes instituidos van para atrás

Mientras que se evidencia un claro avance como movimiento político y social, tanto en la radicalidad de las demandas como en unidad, transversalidad y organización, por parte de los poderes instituidos hay una contratendencia. El movimiento camina hacia adelante y estos poderes resisten y caminan para atrás.

A tres años del primer 3 de junio queda claro que el gobierno de Macri y los gobiernos provinciales no tienen la decisión de impulsar políticas integrales para prevenir y erradicar la violencia de género y asistir a quienes la padecen, más bien todo lo contrario. Se ha dicho y mucho: el macrismo profundizó la violencia y la desigualdad y por efecto de la crisis social y económica las mujeres sufren mayor tasa de desempleo, peores salarios y encabezan las listas de despidos, siendo las de los sectores populares las más perjudicadas por la ausencia total de recursos y políticas de protección y prevención de la violencia de género en los barrios. La provincia de Buenos Aires, distrito gobernado por María Eugenia Vidal, la referente estrella de la alianza Cambiemos, es una muestra más de esta orientación general de su fuerza política: destrucción de fuentes laborales, desfinanciamiento de políticas de género, retiro de políticas sanitarias que cuidan a las mujeres, marcha atrás con el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, disciplinamiento del personal comprometido con la salud de las mujeres pidiéndole la renuncia a quienes dirigen instituciones modelo como sucedió en la Maternidad Carlotto, decisión de descontar el incentivo salarial que cobran los agentes de la Agencia de Recaudación (ARBA) cuando se tomen licencia, incluso por embarazo o adopción, entre otras tantas medidas contra las mujeres. 

Pero es necesario sacar lecciones más profundas de la orientación de este gobierno. Porque existe un problema de falta de políticas y de ajuste, pero al mismo tiempo hay una cuestión de concepción. De ahí que su respuesta fundamental frente a la violencia de género sea pretender diluirla en problemas de seguridad, pedir más cárceles y endurecimiento de penas. Esta derecha reaccionaria es básicamente punitivista y termina siendo la expresión política de la reacción machista frente al avance del feminismo, ofreciéndole a los sectores más misóginos de la población el clima de época y la legitimación para intentar hacer volver a toda una nueva generación al lugar del cual nunca deberían haber salido.

Aunque, sin duda, otro de los poderes más retrógrados es el poder judicial. En consonancia con un gobierno que tiene como única política pública el pedido de que las mujeres denuncien, sin ocuparse en lo más mínimo de qué va a pasar o qué pasa una vez que lo hacen y tienen que llevar adelante todo el trayecto, entra a operar la justicia con toda su carga de desidia burocrática y misógina. Si bien existe una Ley de Patrocinio Jurídico, jamás se implementó: la mayoría de las mujeres no puede acceder a patrocinio y, si lo obtienen, el problema persiste porque los profesionales no están capacitados para atender este tipo de casos, generándose mala praxis y muchos problemas para la vida y la integridad de las mujeres. Además, el poder judicial carece de perspectiva de género a la hora de juzgar, con lo cual la aplicación de la Ley de Protección Integral es deficiente o nula. La justicia continúa siendo el poder que maltrata, re victimiza y vulnera a las mujeres. Recientemente, el Observatorio contra la Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires expuso frente al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reunido en Ginebra para evaluar el cumplimiento del estado argentino de las normas estipuladas por la Convención Internacional contra la Tortura, algo que para nuestro país no se hacía desde 2004. Allí, justamente, denunció que el 75% de las causas que se inician en el marco de violencia contra las mujeres son archivadas, además de no calificar los hechos de femicidio como tales, generando un clima de impunidad. El Comité, por su parte, cuestionó al Estado argentino: en relación al acceso al aborto legal y la violencia de género manifestó su preocupación por los obstáculos que impiden el acceso a los abortos legales, así como la persecución a las mujeres que al buscar asistencia médica post aborto son sometidas a malos tratos y torturas. El caso testigo en este punto fue el de Belén, más de dos años presa en Tucumán.

Feminismo y elecciones

En medio de una coyuntura de avance de la derecha y su proyecto neoliberal el movimiento de mujeres y feminista se planta como un actor político, social y cultural capaz de disputar políticas, sentidos e imaginarios. Y lo hace de manera unitaria y transversal, no por eso dejando de ser enormemente heterogéneo. “Juntas somos poderosas” es una consigna que, lejos de aceptar la violencia machista como cuestión individual, afirma que es un desafío colectivo.

Estos movimientos tienen varios desafíos importantes por delante. Uno de ellos es cómo continuar dando batalla al crecer en la radicalidad de las exigencias y sin perder la masividad y el apoyo popular. Tarea compleja si las hay. Otro, nada menor, es intensificar las redes de solidaridad y los dispositivos de acompañamiento a quienes están sufriendo diferentes tipos de violencia. Pero, quizá, el más complejo de pensar y de proyectar es la necesidad de construir alternativas políticas y empezar a disputar el poder político. A esta altura de crecimiento y desarrollo como movimiento, continuar con las marchas y las exigencias son cuestiones fundamentales, pero resultan insuficientes. En las elecciones legislativas de medio término que se darán este año, deberemos ser capaces desde las diferentes oposiciones antineoliberales y antimacristas de construir propuestas para comenzar a cambiar todo lo que debe ser cambiado desde adentro. Referencias y programas feministas pueden permitir instalar en las campañas electorales un debate en la sociedad que es necesario y urgente.

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