La gran estafa del grupo Techint en Campana

Por: Lautaro Ríos | 10 de mayo de 2017

Mientras, en su visita a Estados Unidos, Macri recorrió junto a Paolo Rocca sus modernas instalaciones, en el municipio bonaerense de Campana la empresa no solo reduce la producción y anuncia despidos sino que está realizando una estafa y fraude a los intereses públicos junto a las autoridades del PRO.     

La visita que realizó Macri en Houston a la planta de fabricación de tubos sin costura junto a Paolo Rocca generó una gran indignación. Parte del capital invertido en Estados Unidos provino de la fuerza de trabajo de los argentinos que se desempeñan en las empresas de uno de los holdings siderúrgicos más grandes del mundo, mientras en Campana han reducido la producción y despedido a más de 1500 trabajadores.

En Campana se encuentra una de las mayores plantas industriales de tubos sin costura y es donde, desde la asunción de Cambiemos, se vienen sufriendo las consecuencias de la masiva desvinculación laboral.

Pero eso no es todo. La empresa recibió del flamante intendente Sebastian Abella (Cambiemos) un gran “aporte público” al condonarle el 20% de la millonaria deuda que mantenía con la comuna por tasa de seguridad e higiene.

Estos fuertes lazos que vinculan a las actuales autoridades políticas con directivos de grandes empresas se explica claramente con solo advertir que el gabinete del gobierno nacional se integra prácticamente con personas que, hasta minutos antes de asumir los cargos, se desempeñaban con CEOs de las mismas.

Pero este particular enlace entre lo público y lo privado lo encontramos “entre las sombras” a partir de la pertenencia de muchos de estos funcionarios al think tank denominado “Fundación Grupo Sophia”, fundado en 1994 ni más ni menos que por el actual jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta y financiada, entre otros, por el Grupo Techint.

La gobernadora María Eugenia Vidal es una de las más exitosas integrantes de esta fundación.

La infiltración de esta entidad en el gobierno de Campana no empezó en esta gestión, sino que desde 2005 viene celebrando convenios de “cooperación” junto a Siderca S.A. (Grupo Techint) para “la realización de un plan de apoyo a la gestión del Municipio”, todos ellos suscriptos ni más ni menos que por la actual ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley.

Una estafa al municipio y a la provincia

Ello explica todas las concesiones y beneficios recibidos por la empresa, pero lo que hoy genera mayor repercusión pública es el proyecto de “canje” del Puerto de Frutos por el Estadio Villa Dálmine.

El Puerto de Frutos de Campana es un predio ubicado a la vera del Arroyo de la Cruz y pertenece a la municipalidad de Campana por donación efectuada por la provincia de Buenos Aires mediante Decreto 3044/89 del 10 de julio de 1989, cuya aceptación fue convalidada por Ordenanza 2587/90 del 09 de octubre de 1990, la cual, en su artículo 2, estableció que “el inmueble que se acepta en donación en el artículo anterior será destinado al establecimiento del mercado de Productos y Frutos del Partido de Campana, cuya finalidad será la promoción y explotación de las riquezas del Delta”.

Desde hace tiempo, Siderca SA está interesada en adquirir la propiedad de los 30.375 m2 de este inmueble, el cual ocupa de manera irregular desde el 30 de marzo de 2015 cuando la Intendente Stella Maris Giroldi (PJ-FPV) se lo entregó mediante un contrato de “concesión de uso del predio” con vigencia del 1º de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, renovable automáticamente por un año más si ninguna de las partes manifiesta su intención de no renovación, decisión que no fue convalidada por el Honorable Concejo Deliberante como lo exige el art. 56 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Inmediatamente, Siderca SA ingresó en el lugar y destruyó todas las construcciones existentes para hacer acopio de chatarra metálica para fundición, contaminado todo el sector con los fluidos y aceites de los vehículos que pasan al “Scrap”.

Actualmente, ante la necesidad de ampliar su capacidad productiva para abastecer de caños sin costura a los explotadores del yacimiento de Vaca Muerta, el interés por adquirir el predio reactivó las “negociaciones” con el gobierno comunal, esta vez favorecido por la misma pertenencia partidaria de los estamentos gubernamentales a nivel nacional, provincial y municipal y sus aceitados vinculados mediante la fundación que financia.

Esas “negociaciones” consisten en retomar el proyecto impulsado por el gobierno anterior de lograr un canje del estadio de fútbol denominado “Club Villa Dálmine”, propiedad de la empresa, por el Puerto de Frutos.

Es interesante destacar que, cuando se pergeñó esta idea allá por 2014, como no existía necesidad alguna de que el municipio accediera a la permuta, la empresa amenazó a los simpatizantes del club con que los expulsaría del estadio, de hecho irrumpió en el mismo y destruyó una de las más conocidas tribunas.

Ello provocó que, tanto dirigentes como socios e hinchas, acudieran al municipio para presionar por el canje “salvador” del estadio, ya que se les prometió que una vez que el municipio se hiciera acreedor del mismo, se lo cedería al club en propiedad, lo cual es imposible porque el Tribunal de Cuentas de la Provincia nunca aprobaría semejante pérdida de patrimonio público a favor de un privado.

Ahora bien, el fraude que denunciamos se configura cuando advertimos que si bien el “Estadio Villa Dálmine” es propiedad de Siderca SAIC, esas tierras fueron adquiridas con la condición de que la empresa construyera viviendas económicas para sus trabajadores y cuyo incumplimiento generaría el deber de restituir los terrenos a su propietaria original, la provincia de Buenos Aires, sin derecho a indemnización alguna.

He aquí el quid de la cuestión ya que la superficie que hoy ocupa el estadio de Villa Dálmine no se encuentra edificada con viviendas económicas y tampoco puede asumirse que es un edificio complementario del barrio, debiendo la provincia exigir la restitución de esas tierras.

La omisión de realizar cualquier reclamo por parte de la gobernadora no encuentra otra explicación que su intención de no afectar los intereses de la empresa, pero deja en evidencia un manifiesto fraude a los intereses públicos.

Esta ilegalidad e indudable asociación ilícita dará lugar a una denuncia penal contra todos los implicados, pero precisa de toda la militancia para impedir estos atropellos a los intereses públicos.