La justicia penal y su doble vara

Por: Sofía Perini, Inés Oleastro, Santiago Pérez y Santiago Teves, integrantes de Atrapamuros. | 10 de mayo de 2017

Cambiemos plantea un vaciamiento de las políticas públicas sobre derechos humanos y un endurecimiento de las leyes penales. Uno de los proyectos más reaccionarios volvió a ponerse en discusión: la modificación de la ley que establece de qué forma se ejecuta la pena de una persona una vez que recibe condena firme (Ley 24.660).

El proyecto, presentado por el diputado Luis Petri (UCR), ya había sido aprobado a fines del último año en la Cámara Baja y recibió algunas modificaciones en el Senado este año, por lo que deberá volverse a discutir en Diputados. En líneas generales, todos los bloques políticos coinciden en la necesidad de avanzar sobre esta iniciativa regresiva que, entre otras cosas, entra en contradicción con principios constitucionales y de normativas internacionales. Todo esto, a la vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación otorga beneficios a los genocidas con la aplicación del “2×1” (un cómputo que reduce la pena y, por consiguiente, el tiempo de encierro).

A modo de protesta por el impulso de esta reforma regresiva, detenidos y detenidas de varias cárceles del país iniciaron a fines del año pasado una huelga de hambre que pospuso la discusión de las principales problemáticas al lograr la constitución de mesas de diálogo con representantes de los tres poderes, organismos de derechos humanos y personas privadas de su libertad. Pero estos debates terminaron siendo ignorados por el gobierno, que los había impulsado en principio y que luego los olvidó, llevando nuevamente el proyecto para que sea tratado en el recinto. Este año, con la reedición de la discusión, se volvieron a realizar huelgas de este tipo.

Una reforma de este tipo ya fue impulsada por Petri en Mendoza. Cuando se sancionó, la “Ley Petri” alcanzó el 80% de la población carcelaria provincial. En lo que va de la aplicación de esta normativa, los casos de los delitos que cubre no se vieron reducidos.

Límites en la progresividad de la pena, más facultades para el Servicio Penitenciario, ninguna oferta para trabajar interdisciplinariamente con personas que hayan cometido delitos contra la integridad sexual. Estos son algunos de los cambios propuestos y sobre los que el campo popular debe tomar la iniciativa en la discusión.

¿De qué se tratan estas modificaciones?

La progresividad de la pena es un régimen establecido por normativas internacionales y de carácter supralegal para nuestro país, es decir, están por encima de cualquier ley de carácter local. A través de la Ley 24.660 se establecieron una serie de pasos para fomentar la “reinserción” de las personas privadas de su libertad. Estos pasos tienen su punto cúlmine con el otorgamiento de la libertad condicional, que se logra producto de una buena conducta, participación en actividades dentro de los penales y otros requisitos establecidos en esa normativa. El proyecto busca acabar con esto.

Uno de los tratados internacionales a los que hacemos referencia es nada menos que el Pacto de San José de Costa Rica, que fue incorporado a nuestra Constitución a través del artículo 75. En el artículo 5.6. de este tratado se establece que “las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.

Por otra parte, esta modificación suma requisitos en el progreso de la pena, en las que las decisiones quedan cada vez más sujetas a la discrecionalidad de los equipos técnicos de los órganos de custodia (o sea, los establecimientos del Servicio Penitenciario). La aparición de mayores condiciones para acceder a estos derechos, ya sea en tiempo, evaluaciones de órganos administrativos o superposición de intervenciones de equipos interdisciplinarios que tornan más engorroso el procedimiento, tienen por detrás la mayor presencia de controles y de prohibiciones durante la pena; no solo en términos de libertad ambulatoria sino, además, en detrimento del trabajo interdisciplinario en manos de una mayor presencia del área de seguridad.

Finalmente, se amplía la cantidad de delitos para los cuales directamente se prohíben las salidas anticipadas, pasando de siete tipos a cincuenta, lo que implica un aumento claro de la prisionalización en términos absolutos.

Al atacar estos derechos, no solo se está obstruyendo la posibilidad de acceso a la libertad transitoria, condicional y asistida, sino que se está generando mayor hacinamiento y sobrepoblación en las cárceles, así como un empeoramiento de las condiciones de detención. Si las cárceles ya están inmersas en dichas problemáticas, con estas limitaciones el panorama no hará más que agravarse.  La avanzada que se muestra en esta materia muestra un claro signo político de criminalización de sectores populares y de avasallamiento de algunos de los pisos conquistados. La coyuntura actual nos obliga a redoblar los esfuerzos, a repensar y redefinir las estrategias porque lo que está en juego y lo que debemos disputar es el significado mismo de justicia.

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