Ley de Emergencia Territorial: la importancia de su prórroga en esta coyuntura

Por: Florencia Trentini | 20 de septiembre de 2017

En el marco de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y detrás de una campaña mediática para estigmatizar y criminalizar a los pueblos indígenas se encuentra la discusión sobre la prórroga de una ley que permite resguardar los territorios de las comunidades.

Desde el primero de agosto nos preguntamos: ¿dónde está Santiago Maldonado? Ese día Santiago se encontraba en el territorio del Pu Lof en Resistencia Cushamen en Chubut, acompañando el reclamo territorial de esa comunidad mapuche cuando la Gendarmería llevó adelante un violento desalojo y una brutal represión. El desenlace fue un desaparecido en democracia y el silencio del Estado, que continúa sin hacerse responsable de responder por su paradero.

Lo que siguió fue una fuerte campaña mediática de criminalización y estigmatización al pueblo mapuche. Fotos de un supuesto arsenal compuesto por serruchos y otras herramientas, declaraciones de la ministra de Seguridad asegurando que los mapuches eran financiados por Inglaterra para conformar un Estado separatista en la Patagonia y diversas acusaciones de terrorismo se repitieron en los medios de comunicación hegemónicos buscando construir la figura de un “enemigo” al que era necesario controlar, porque implicaba un peligro para la soberanía y seguridad nacional.

La construcción de los mapuches como terroristas se vinculó rápidamente a otra imagen fuertemente construida sobre este grupo: su extranjería. Nuestra “historia oficial” nos ha enseñado que supuestamente los “salvajes y malos” mapuches chilenos exterminaron a los buenos tehuelches, los verdaderos indígenas argentinos. Así, según este planteo unos por extranjeros y los otros por extintos no tendrían derechos a reclamar territorios ni derechos en la actualidad, dejando vacías las tierras para que sean ocupadas por otros extranjeros que no molestan, como los Benetton o los Lewis.

El proceso de extranjerización de la Patagonia no es nuevo. Una vez culminado el genocidio conocido como “Conquista del Desierto”, pocas familias –en su mayoría extranjeras- recibieron los títulos de propiedad de grandes extensiones de tierras en contraprestación por sus aportes a la campaña civilizatoria, mientras los mapuches fueron relegados a territorios que no eran necesarios para consolidar el modelo agroexportador, y sobre los que –en el mejor de los casos- recibieron permisos precarios de ocupación.

Esta división entre propietarios y no propietarios, sumada a los desalojos y relocalizaciones forzosas son parte de un proceso histórico sin el que no es posible comprender las actuales disputas territoriales. Para muchos estas demandas son inéditas y por lo tanto aparentemente inventadas. La lógica que parecen manejar las argumentaciones presentes en el sentido común más básico y en los discursos de los medios de comunicación hegemónicos es simple: si en el pasado un grupo no se reconocía como comunidad indígena entonces deben ser oportunistas que se quieren quedar con territorios que actualmente valen mucho dinero. Sin embargo, la ecuación es justamente la contraria: hoy las tierras a las que fueron confinados valen mucho dinero y entonces los invisibles se vuelven visibles porque devienen obstáculos para el desarrollo económico de un modelo fuertemente extractivista, y nuevamente hay que correrlos o exterminarlos.

Contra el despojo y la invisibilización

La lucha es ampliamente desigual porque los pueblos indígenas se oponen a grandes empresas internacionales, a la megaminería, a la explotación de hidrocarburos no convencionales, a grandes proyectos turísticos, al avance de la frontera sojera y a adinerados y poderosos terratenientes –argentinos y extranjeros-, generalmente vinculados a los gobiernos locales, provinciales o nacional. En este proceso, aquellos que debieron ocultar su identidad para sobrevivir en el marco de una historia signada por la invisibilización y la estigmatización de “lo indígena”, hoy deben reafirmarla públicamente, porque es la única forma de defender lo poco que les queda, apelando a los derechos reconocidos en nuestra Constitución y en diversas leyes nacionales y tratados internacionales.

Lo más complejo de las luchas indígenas es que ponen en cuestión la propiedad privada, base del sistema capitalista. Esto hace que las actuales disputas territoriales se busquen dirimir en función de quién fue el último que compró la tierra y tiene el título de propiedad, ocultando así los negociados previos y las ventas o intercambios fraudulentos, y los procesos de despojo territorial que sufrieron las actuales comunidades indígenas.

Precisamente en 2006 se sancionó una Ley Nacional que permite, mediante la realización de relevamientos técnico-jurídico-catastrales, reconstruir las historias de los territorios que las comunidades indígenas reclaman actualmente. La Ley 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena y ordena frenar los desalojos hasta tanto no se realicen los relevamientos territoriales. Básicamente, estos relevamientos implican una constatación de dónde está asentada cada comunidad y la demarcación de los territorios que actualmente ocupan.

Desde su sanción esta ley ha sido discutida por distintas organizaciones indígenas porque, por un lado, se centra en el territorio de uso tradicional, actual y público, sin hacer referencia al territorio ancestral sobre el que han ido avanzando los alambrados de los privados, y por otro lado porque no contempla el reconocimiento de la propiedad comunitaria una vez culminados los relevamientos. Sin embargo, más allá de sus falencias, y a pesar de que los desalojos no han cesado en todos estos años, esta ley representa sin dudas un avance en materia de derechos y reconocimiento, y es la principal defensa contra el avance de los intereses privados y extractivos sobre los territorios comunitarios.

El próximo miércoles 27 de septiembre, en el marco de una marcha convocada por diversas organizaciones indígenas, se tratará la prórroga de esta ley en el Congreso. Si la misma no es aprobada se terminará en noviembre, dejando a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad e inseguridad jurídica, abriendo la puerta a cientos de posibles desalojos.

La disputa que enmarca las violentas represiones, las campañas estigmatizantes y hasta la desaparición forzada de Santiago es por el territorio, y la Ley 26.160 es la herramienta con la que las comunidades indígenas cuentan para visibilizar los históricos procesos de despojo y para demostrar sus derechos sobre los territorios que reclaman, por eso su prórroga es más que importante.

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