Ley de Salud Mental: como la conquistamos, la defenderemos

Por: Luz Barker | 23 de noviembre de 2017

El viernes 10 de noviembre se dio a conocer un decreto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, el cual atenta contra el espíritu en defensa de los DDHH que propone la ley, reconocida por organismos internacionales. Inmediatamente y desde distintos puntos del país, organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, referentes en el tema, asambleas de usuarios y la comunidad en su conjunto se organizaron para frenar la modificación y exigir la plena implementación de la ley ya aprobada.

La sanción de la Ley 26.657 en 2010, lejos de ser un punto de llegada, significó la conquista de una herramienta legal importante en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos en el campo de la salud mental al encarnar una concepción de sujeto, del abordaje de los padecimientos mentales y del campo de salud mental en el marco del “proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de todas las personas”. Se trata de un enfoque superador al biologicista que los sectores médicos hegemónicos se empeñan en sostener.

Así, la ley abona una perspectiva interdisciplinaria que amplíe la mirada en el campo, lo cual implica democratizar los lugares de gestión y coordinación de instituciones a las que hasta la sanción de la ley solo podían acceder psiquiatras; a una perspectiva en atención comunitaria, descentralizada, participativa que se traduce, entre otras cosas, en que se escuche la voz del usuario, derecho hasta entonces completamente negado en el marco de la legalidad; y a un proceso que establezca un sistema de salud con políticas preventivas, lo cual implica abordar aspectos sociales y no solo buscar “el problema” en el sujeto, y el cierre de los hospitales psiquiátricos como espacios de atención.

Sin embargo, el decreto reglamentario, que al momento en que se escribe esta nota solo espera la firma del presidente de la Nación, desoyendo al Consejo Consultivo Honorario de la Ley Nacional, (del cual participan instituciones de la sociedad civil y académicas, gremios, organizaciones de derechos humanos, asambleas de usuarios y familiares), impacta en los siguientes puntos sustanciales:

– Retroceso en la protección de los DDHH, específicamente, el derecho a la salud y a la salud mental.

– Violación a la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial de la Nación y las normativas internacionales vigentes.

– Modificación en el concepto mismo de salud mental que pondera el biologicismo y la patologización.

– Retroceso en la perspectiva de trabajo interdisciplinario en busca de reinstalar el modelo médico hegemónico.

– Reinstalación de la lógica tutelar y manicomial en la atención, reforzando el aislamiento, la exclusión, la discriminación y la criminalización de las personas con padecimiento mental y/o consumo problemático de sustancias, volviendo a utilizar el término de “peligrosidad”.

– Abolición de la independencia y la imparcialidad del Órgano de Revisión de la Ley, el cual pasaría a depender del Ministerio de Salud de la Nación, adquiriendo este último la facultad de evaluarse y controlarse a sí mismo.

La salud mental como derecho

No es una novedad decir que el campo de la salud mental es terreno de disputa. Pero nunca está de más recordar para algunos, comentar para otros, que es en ese mismo sentido que decimos que la ley fue el producto de una lucha histórica de diversos sectores. Se remonta en nuestro país a fines de la década del setenta y contó con el trabajo interdisciplinario de las ciencias médicas y las ciencias sociales. Hasta ese momento, se trataba de una legislación de corte netamente positivista por lo que significó un cambio en la forma de ver el mundo y entender la realidad. La ley sintetiza en su texto la perspectiva que muchas experiencias han buscado llevar adelante hasta nuestros días, superadora de las lógicas manicomiales con las que entraron en discusión constante en un sin fin de terrenos en pos de tener una perspectiva de derechos humanos, interdisciplinaria y comunitaria en el abordaje de padecimientos mentales.

Pero está claro que el tema rebasa la discusión académica. Entra nuevamente en debate, esta vez en el plano de lo legal, el sentido y la significación social que se constituye en torno a la salud mental como derecho, lo que para estos sectores implica poner en tensión dos cuestiones: por un lado, ceder el poder en tanto garante del control social por fuera de los aparatos coercitivos al ejercer un rol normativo desde el lugar que le da su saber, en relación con una perspectiva biologicista que reduce al sujeto a mecanismos neuroquímicos y fisiológicos que se “solucionan” con una pastilla; por otro lado, se pone en tensión lo económico: la industria farmacéutica es la más favorecida por estas medidas.

Por todo esto es que las organizaciones sociales, asambleas de usuarios y familiares, gremios, referentes en el tema, profesionales y trabajadores de la salud, en distintos puntos del país, no tardaron en salir a denunciar el intento de modificación de la ley, su carácter regresivo y la forma en que se quiere llevar adelante, organizándose en asambleas y llevando a cabo acciones en conjunto.

Sin duda, el gobierno de Macri, que no sólo viene avasallando los bolsillos del pueblo sino también que pone en discusión una serie de consensos del sentido común en torno a las condiciones de trabajo, de vida, de educación, genera una correlación de fuerzas más favorable para los sectores del poder médico hegemónico. Quienes día a día militamos en pos de una salud en la que los derechos de nuestro pueblo sean garantizados, desde una perspectiva que entienda y aborde la complejidad del sujeto y de la sociedad en que vivimos, lo sabemos y sabemos que, a partir del encuentro entre nosotros, defenderemos la ley como herramienta conquistada para seguir dando esta lucha.

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