Más allá del falso debate entre la mano dura y el garantismo

Por: María Paula García | 26 de abril de 2017

El femicidio de Micaela García fue tomado por los medios como la oportunidad para volver a colocar el tema de la inseguridad y las “puertas giratorias” del sistema penal, campaña a la que también se sumó el gobierno nacional. ¿Cómo abordar desde el feminismo un falso debate planteado en términos de punitivismo versus garantismo? 

Si bien la cuestión excede ampliamente la violencia de género, el gobierno nacional supo aprovechar muy bien la ola de indignación desatada en todo el país a partir del femicidio de Micaela García. A menos de dos semanas del hecho, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich volvió a asistir al Congreso para defender la reforma de la Ley 24.660 que prevé eliminar la libertad condicional para distintos tipos de delitos y que ya cuenta con media sanción (Cámara de Diputados). Allí, ante decenas de organizaciones sociales especializadas en la materia, afirmó que “los presos consiguen las salidas transitorias y no vuelven nunca más”.

Como parte de las organizaciones presentes, periodistas del colectivo Ni Una Menos leyeron un documento titulado “No en nuestro nombre”, rechazando las políticas punitivistas, reclamando mayor prevención, aumento de presupuesto y el fin del desmantelamiento de programas para las mujeres. También intervino como oradora la antropóloga feminista Rita Segato, especialista en estudios sobre la violencia machista, argumentando contra la idea que promueve el proyecto. 

La avanzada en pos del endurecimiento de penas reavivó el debate sobre la Justicia, tema que viene estando en el centro de las críticas y de los reclamos por parte del movimiento feminista.

Contra la demagogia punitivista

Las políticas de mayor represión y mano dura no son ninguna novedad. Para la derecha, son las únicas respuestas posibles. También en el caso de la violencia de género intentan plantearlas como soluciones mágicas. Lejos de ello, todas y cada una de las movilizaciones al grito de Ni Una Menos plantearon lo contrario: no sólo jamás se exigieron más penas y menos libertades, sino que además se explicó que las respuestas del sistema penal no sirven para frenar la violencia porque llegan tarde, cuando las mujeres ya fueron golpeadas, violadas y/o asesinadas. Por eso demagogia, porque intentan avanzar en lo punitivo al mismo tiempo que recortan y desmantelan todos los programas y políticas esenciales para trabajar en el antes, como la implementación de la ley de Educación Sexual Integral (entre otras), y en el durante, como los refugios o el patrocinio jurídico gratuito.

Por otra parte, las violaciones no son casos aislados o excepcionales. Rita Segato expresó claramente que este tipo de crímenes son crímenes por medios sexuales pero cuyo objetivo no es sexual sino aleccionador y disciplinador. El violador es el síntoma de un mal que es social, la manifestación de lo que anida en la conciencia social, de modo que querer detener ese tipo de violencia con la cárcel es como querer eliminar un síntoma sin atacar la enfermedad. No ha funcionado, además, en ningún país del mundo. Por ello, lo principal es trabajar en la sociedad a partir del diseño de políticas públicas con perspectiva de género. Claro que debemos discutir qué hacer frente a la existencia de los violadores. Pero, mientras avanzamos, sería bueno tener claro que la solución no pasa por recluirlos en el sistema carcelario actual que, en realidad, funciona como verdadera escuela de violación.

Tampoco el garantismo misógino

Es fundamental rechazar el oportunismo punitivista en nombre de la vida de las mujeres y también su uso para arremeter contra el garantismo. Sin embargo, el documento del colectivo Ni Una Menos no elude el necesario debate alrededor de esta corriente al interior del derecho penal que, más allá de bregar por el respeto de las garantías constitucionales, es igualmente machista. Lo sufren las mujeres cotidianamente en muchas oportunidades cuando se encuentran con jueces, fiscales, abogados y policías que carecen de perspectiva de género y no entienden la violencia de género como una relación desigual de poder. Ello hace que los casos de violencia machista se aborden como conflictos entre iguales, o poniendo a las mujeres en el lugar de sospechosas de inventar y manipular, minimizando o no teniendo en cuenta los testimonios y denuncias. Como afirma la abogada con orientación en Derecho Penal, experta en seguridad y políticas de género Ileana Arduino, muchos de quienes denuncian con virulencia la violencia institucional, las injusticias sociales o raciales, se muestran indulgentes y comprensivos con los denunciados cuando se trata de la dominación machista.

Poner el foco en la Justicia

Un reclamo multitudinario, potente, agudo y heterogéneo como el puesto en marcha en Argentina a partir del primer 3 de junio y su grito de Ni Una Menos colocó a los poderes de turno a la defensiva. Más aún cuando no sólo ninguna de las propuestas se ha implementado sino que, además, las estadísticas sobre denuncias por violencia de género no hacen más que aumentar. Disolver la lucha contra la violencia de género dentro de la discusión sobre la inseguridad y proponer el endurecimiento de penas es la respuesta que este gobierno le propone a la sociedad y una maniobra frente al ascenso del movimiento de mujeres y su creciente lugar de referencia. Es por ello que el movimiento feminista tiene que intervenir en la disputa sobre de qué manera la sociedad va a comprender el origen, la reproducción y los posibles caminos para enfrentar la violencia de género. Empezando por no permitir que se corra el eje central de lo que está en discusión. ¿Quieren discutir sobre la Justicia? Pues entonces que se discuta, y que se discuta en serio.

Discutamos en primer lugar qué tipo de violaciones vamos a condenar. Porque si condenamos las sufridas por Ángeles Rawson, Lucía Pérez o Micaela García, entre otras, también deberíamos indignarnos por Higui, que quiso ser violada por una patota sólo por ser lesbiana. Y, sin embargo, está presa por haberse defendido. Si queremos discutir sobre la Justicia, bien podemos sacar lecciones de cómo el derecho penal es, en la mayoría de los casos, una herramienta disciplinadora contra los derechos de las mujeres. Y si no, pregúntenle a Belén, presa durante casi tres años por sufrir un aborto espontáneo.

Si discutimos en serio y no permitimos falsos debates para correr el eje, nos daremos cuenta de que el problema de fondo no es una Justicia garantista, sino machista y misógina, que es necesario transformarla radicalmente.

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