Otra ofensiva del Capital: la nueva Ley de Riesgos del Trabajo

Por: Ernesto Zas | 02 de marzo de 2017

El Senado convirtió en ley la modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT). La media sanción en Diputados había sido lograda a fines de 2016, aunque Cambiemos promulgó un decreto de idéntica redacción durante el receso legislativo, una nueva afrenta al respeto institucional que tanto defendió durante la campaña el ahora presidente Macri.

 

El aumento de la tasa de ganancia y de la rentabilidad empresarial así como la disminución de los derechos laborales son aspectos fundacionales del proyecto político de Cambiemos. Asimismo, hay que tener en cuenta que, luego de los gobiernos kirchneristas, más de un tercio de los trabajadores y trabajadoras se encuentra bajo alguna forma de precarización y no cuenta con una ART y que, además, el mismo sistema de riesgos del trabajo ha sido sostenido si bien con reformas parciales e insuficientes en sus aspectos fundamentales durante la última década.

Los datos reales

Para avanzar en esta reforma legal, el gobierno, conjuntamente con el aparato mediático, insistió en que la sustentabilidad del sistema se veía amenazada por la alta tasa de litigiosidad, haciendo circular datos parciales y direccionados para justificar una medida regresiva para los trabajadores y trabajadoras.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) es un órgano creado en la órbita del Ministerio de Trabajo por la ley 24.557 en el año 1995 y que se supone debería “garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la salud y seguridad de la población cuando trabaja” controlando a las ART en el cumplimiento de la ley. Según un informe de mediados de enero de 2017, la SRT sostiene que los juicios por accidentes laborales o enfermedades profesionales crecieron un 96,1% entre 2010 y 2015. Paradójicamente, mientras aumentaba la litigiosidad en el mismo lustro se redujo la cantidad de siniestros. Este falaz informe se da a conocer una semana después de la sanción del DNU 54/2017, anteriormente mencionado, y un mes antes de la sanción de la ley.

La especialista Adriana Séneca se encargó de desmenuzar el citado informe, dando cuenta de la real dimensión de la siniestralidad en los lugares de trabajo y la supuesta litigiosidad.

Respecto de la litigiosidad, los datos son demoledores. Según el relevamiento realizado son 2.888.668 casos por accidentes, enfermedades o muertes que han quedado sin ninguna cobertura por parte de las ART. Sobre ese total, se han iniciado solamente 442.616 juicios por todo concepto, es decir que sólo el 15,32% de los casos terminó en una acción judicial. Asimismo, si se desagregan los casos por enfermedades profesionales (un total de 2.257.482) y se toman los que han terminado en juicios, se llega al ínfimo número de 110.323, es decir el 4,89%. Cabe destacar que el caso de las enfermedades laborales es especialmente significativo porque las ART reconocen una cantidad minúscula, siendo el juicio la única opción que tiene el trabajador para reclamar.

El nivel de siniestralidad tampoco ha bajado, sino que, año tras año, las ART reconocen menos casos y con menores porcentajes de incapacidad (ésta última se usa para calcular la indemnización).

Siguiendo con el análisis de Seneca, en el año 2015 solo el 21,76% de las enfermedades profesionales se diagnosticó por la ART y el 78% restante, por entidades no vinculadas con las ART. O sea que casi el 80% de los casos quedaron sin la cobertura médico legal correspondiente.

Las modificaciones de la ley

La reforma legal apunta solamente a dificultar y dilatar al extremo el acceso de las víctimas a la Justicia, obligándolas a transitar por un kafkiano procedimiento médico-administrativo como condición para un tardío reclamo judicial. Esto se ve agravado por el calamitoso estado de la Justicia del Trabajo. Mientras dura el juicio, empleadores y ART se financian con el dinero destinado a las indemnizaciones laborales.

Para esto, entre otras cosas, se pretende que la actuación de las Comisiones Médicas de la LRT sea “previa, obligatoria y excluyente de toda otra intervención”; que la competencia, es decir, donde se desarrolle el juicio, esté determinada por el lugar donde está radicada la Comisión Médica; que los médicos integrantes de estas comisiones sean quienes se expidan sobre cuestiones que son estrictamente jurídicas, entre otras cosas.

Muchas de estas modificaciones, contenidas en la ley reformada, ya han sido declaradas inconstitucionales por fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Lo que cuesta la prevención

La prevención de la siniestralidad es el eje sobre el cual, desde la creación del sistema de ART hace 22 años, nunca nadie ha trabajado. Las ART se negaron siempre a invertir en prevención ya que deberían inspeccionar los establecimientos productivos, efectuar mediciones, evaluar riesgos y la exposición de los trabajadores y trabajadoras e informar por escrito las necesarias adecuaciones que debería realizar el empleador que, a su vez, también debería invertir en dichas modificaciones. La explicación es sencilla: la tasa de ganancia. La prevención no se amortiza, por ejemplo, como la tecnificación del proceso productivo. Además, el accidente de un trabajador no figura en ningún balance contable. En cambio, un curso sobre prevención, además de tener un costo directo (el pago de quien dirija el curso, los materiales, etc.), implica una reducción en el tiempo de trabajo. Es decir, cuesta “productividad” porque tiene que dictarse en horas de trabajo, pagándose el salario de trabajadores que no producen.

La modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo significa un avance en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras a no morir trabajando, a desarrollar sus tareas en un ambiente sano, seguro e higiénico; a no sufrir accidentes o enfermedades en el curso de la relación laboral y, en el caso de enfermarse o accidentarse, a  gozar de las prestaciones médicas para curarse y a una indemnización en el caso de sufrir daños irreversibles.

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