Otras voces a dos meses de la reforma de la Ley 24.660

Por: Sofía Perini y Agostina Suraniti | 06 de septiembre de 2017

Hace dos meses se aprobó el proyecto presentado por el diputado Luis Petri de la UCR que reforma la Ley 24.660. “Con esta ley empieza a cerrarse la puerta giratoria”, afirmó. Una reforma de este tipo ya fue impulsada por Petri en Mendoza y, en lo que va de su aplicación, los casos de los delitos que cubre no se vieron reducidos.

La reforma de la Ley 24.660 busca poner límites en la progresividad de la pena y otorgarle más facultades y, por ende, mayor discrecionalidad al Servicio Penitenciario. Al atacar estos derechos, no solo se está obstruyendo la posibilidad de acceso a la libertad transitoria, condicional y asistida, sino que se está generando mayor hacinamiento y superpoblación en las cárceles, así como un empeoramiento de las condiciones de detención. Actualmente, las cárceles ya están inmersas en dichas problemáticas y, con esta reforma, el panorama no promete más que agravarse. La avanzada que se muestra en esta materia es un claro signo político de criminalización de sectores populares y de avasallamiento de algunos de los pisos conquistados. La coyuntura actual nos obliga a redoblar los esfuerzos, a repensar y redefinir las estrategias porque lo que está en juego y lo que debemos disputar es el significado mismo de “justicia”.

En ese sentido, para comprender un poco más qué representa esta reforma, hablamos con Cristian E., un compañero que estuvo muchos años privado de su libertad y que ahora está militando activamente para que tanto el encierro como el post encierro sean situaciones menos excluyentes y que las personas que atraviesan estas situaciones puedan conocer sus derechos y acceder a educación, salud y trabajo y organizarse colectivamente. Cristian participa de la Secretaría de Ex Detenidos/as y Familiares (SEDyF) de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que fue presentada hace algunos meses y que persigue como objetivo poder abordar el vacío de políticas públicas que hay en relación al post encierro.

Por otro lado, estuvimos hablando con Elizabeth Gómez Alcorta, abogada penalista que representa víctimas del terrorismo de Estado en los juicios de lesa humanidad, violencia institucional y pueblos originarios, militante de PATRIA GRANDE y reciente pre-candidata a diputada nacional por el frente Ahora Buenos Aires en Unidad Porteña.

Cambio: ¿Cuáles creen que son los puntos más relevantes de la reforma de la Ley 24.660?

Cristian E: Si bien la reforma, dentro de sus modificaciones, tiene puntos sumamente nefastos en materia de derechos humanos, creo que el punto que más daño le hará a los compañeros detenidos y a la sociedad en general es la ampliación de los delitos que no gozarán de salidas anticipadas. Esta ampliación llega a tal punto que abarca la gran mayoría de delitos por los que están nuestros penales colmados y este punto afecta directamente la progresividad del régimen, la reinserción social y la educación.

Elizabeth Gómez Alcorta: Desde mi punto de vista, lo central de la reforma está vinculado con que se ha restringido y limitado muchísimo para muchas situaciones el régimen de progresividad que fue pensado cuando se sancionó la Ley 24.660. Esto persigue el objetivo de ir poniendo durante el transcurso del cumplimiento de la pena distintas situaciones que vayan generando cada vez más espacios de libertad a la persona condenada para que llegue de la mejor forma posible al momento de haber cumplido la pena y volver al medio libre. Es importante entender que son momentos que van habilitando mayores niveles de responsabilidad y, sobre todo, de revinculación con el medio libre, con la familia, con la sociedad, inclusive con la posibilidad de trabajar, de estudiar. Se restringió de un modo muy enfático este régimen de la progresividad y esto va a repercutir directamente en las posibilidades de que la pena tenga alguna finalidad preventiva, si es que en algún caso la tiene, ¿no?

Por otro lado, otro punto central de la reforma que me parece un retroceso es la delegación de funciones jurisdiccionales a la administración que encabeza el Servicio Penitenciario Federal.

C: ¿Por qué consideran que esta reforma se dio ahora, en este momento? ¿Qué representa?

CE: Creo que se debía dar en este momento para que fuera votada en el recinto tal como fue votada, con la cobardía política que hizo que sea casi por unanimidad (excepto por 8 votos). Cobardía política que se podría explicar ante el temor de un reclamo o falsa acusación de la derecha de querer dejar libres a violadores y femicidas, y que esto cueste algunos votos de sectores sociales que son fácilmente manipulados por los medios masivos de comunicación. Votamos una reforma que matará y violará, en materia de derechos humanos, a miles de personas. El momento político y social fue el indicado para los objetivos que se propone la reforma.

EGA: Actualmente, estamos frente a un gobierno que tiene una política sumamente regresiva en materia de derechos y estamos viendo justamente la restricción de derechos de personas privadas de libertad. Estamos en un contexto en el que la demagogia punitiva juega un papel fundamental a la hora de llevar adelante proyectos de política criminal.

C: ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora que la reforma ya fue aprobada?

CE: Hay que seguir reclamando para no dejar que el tema se enfríe y se naturalice. Esperar su reglamentación y, cuando surjan los primeros casos, pelear en cada tribunal su inconstitucionalidad, alcanzar jurisprudencia de la Corte y poder lograr que esta se pronuncie a favor de su inconstitucionalidad.

EGA: Es muy importante poder evidenciar que, a partir de análisis de información y con datos certeros y estadísticas confiables, esta reforma repercute de modo negativo en las personas que cometieron delitos y que va a contramano de todas las directrices internacionales en materia de derechos de las personas privadas de libertad.

Lo que queda por delante es un fuerte papel de denuncia y de acompañamiento, y no pensar que no hay modo de volver atrás esta reforma.

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