Por más reconocimiento, por más derechos

Por: Marcos Lede Mendoza | 06 de junio de 2017

Hace poco más de diez días, el gobierno publicó en el Boletín Oficial (BO), mediante el decreto 358/17, una resolución que estableció la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNeBaP). ¿De qué se trata?

El Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) surgió a partir de la irrupción de las organizaciones de la economía popular que presionaron en innumerables –aunque recordadas– movilizaciones que llenaron más de una vez la Plaza de Mayo para hacer oír la voz de los más desamparados. La voz de los barrios, de los excluidos, del grito por Tierra, Techo y Trabajo.

Se trata de una herramienta para que vecinos y vecinas de las barriadas más humildes, villas o asentamientos cuenten con un Certificado de Vivienda Familiar que los habilita a solicitar la conexión a los servicios públicos y, además,  les brinda una herramienta legal para avanzar hacia la integración urbana.

En Argentina, las ocupaciones de tierra, como consecuencia de un Estado que siempre miró de costado la urbanización de las villas y priorizó la especulación inmobiliaria para seguir llenando los cascos urbanos de edificios, son parte del paisaje y de las luchas por acceso a una vivienda digna.

En el escrito del Boletín Oficial se reconoce que fueron muy “importantes [los] esfuerzos que han realizado durante años los habitantes de las villas y asentamientos, denominados Barrios Populares, al construir sus viviendas y su barrio, a pesar de las enormes dificultades, inequidades y reglas de un mercado que los excluye”. La obligación del Estado, en este caso y en línea con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, es garantizar la existencia de condiciones legales que permitan el acceso a una vivienda digna.

Durante el año pasado y los primeros meses de 2017, miles de militantes sociales y voluntarios de las organizaciones sociales registraron 4.100 barrios populares, identificaron 830 mil viviendas, y relevaron 412 mil familias en el marco del Relevamiento Nacional de Barrios Populares que llevaron adelante la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, Cáritas y TECHO.

Un barrio popular reúne al menos a 8 familias agrupadas o contiguas, en el que más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal). Según los resultados del relevamiento, “entre agosto de 2016 y mayo de 2017, existen más de CUATRO MIL (4.000) barrios populares, entendidos éstos como aquellos barrios comúnmente denominados ‘villas’, ‘asentamientos’ y ‘urbanizaciones informales’ que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo y que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo”, explicita el BO.

Cada día, cada mañana, los encargados del relevamiento tocaban las palmas en cada casa y comenzaban con las preguntas necesarias. Además de los datos básicos fundamentales, a cada vecino se le preguntaba por su trabajo, si lo hacía en relación de dependencia (en blanco o en negro), o si trabajaba de manera independiente (agricultor familiar, reciclador, trabajadora textil, trabajadora comunitaria en comedores populares, entre otros) con el fin de identificar ese universo del 30% de la clase trabajadora argentina que trabaja en condiciones informales y que forma parte de la economía popular.

Mitos

Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), celebró la resolución del Poder Ejecutivo Nacional en sus redes sociales y puso en discusión el mito existente sobre las “zonas complicadas” para acceder por la inseguridad. Según Grabois, sólo se registraron tres hurtos de celulares y las únicas manzanas a las que las organizaciones no pudieron ingresar fueron las de algunas barriadas rosarinas en las que los narcos amedrentan a los vecinos. Y como para no perder la costumbre del sistema legal jujeño, una relevadora fue detenida arbitrariamente por la policía de Gerardo Morales.

“El Relevamiento da una pauta objetiva para derribar el mito de la peligrosidad de los vecinos de villas y asentamientos e indica que no son ellos quienes la generan, sino que son las principales víctimas de la inseguridad y de las mafias narco-policiales”, destacó Grabois.

Reconocer y visibilizar la falta de acceso a la tierra y a la vivienda es otro paso para avanzar hacia un horizonte con más derechos y, sobre todo, para fortalecer la resistencia al modelo político y económico que quieren asentar en nuestro país. Lo único que éste tiene para ofrecer es más exclusión y descomposición acelerada del tejido social.

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