Azul: libertad para Cristina Santillán

Por: Agustina Salvi y Karen Guber | 05 de julio de 2017

La historia de una mujer acusada injustamente por el homicidio de su marido que corre el riesgo de ser condenada de por vida. Cuando la violencia de género y el punitivismo están en debate, un caso que ilustra la complejidad de una causa que debe convertirse en grito de lucha: ¡absolución para Cristina!

Cristina nació el 3 de julio del año 1958. Con solo 14 años conoció a quien iba ser el compañero de toda su vida, con el que tuvo dos hijos y una hija. Trabajó desde muy joven en diferentes rubros, mientras estudiaba enfermería, cuidaba a sus hijos y realizaba las labores domésticas. Se recibió de enfermera y comenzó a trabajar en el Hospital “Doctor Ángel Pinto”, de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires. La relación con su marido estuvo signada por la violencia de una manera permanente: tuvo muchas noches de insomnio y, cuando lograba conciliar el sueño, la despertaban los golpes. Se despertaba sin ánimo de seguir, se perdía en vida, en las calles y en la marginalidad de sentirse sola. Poco a poco, su salud fue empeorando y su estado emocional también. Devastada, no encontraba un sentido o una línea estable para continuar su vida. Recurrió a tratamiento psiquiátrico y a medicaciones. Las golpizas nunca cesaron y, de hecho, eran cada vez más violentas, más agresivas, más gravosas. Porque, como dicen las especialistas en violencia de género, el agresor nunca cesa con su violencia, nunca deja de agredir.

Cristina vivía en una agonía aguda de nunca acabar. Hasta que un día decidió poner freno de alguna manera a lo que pasaba, y actuó, y por eso sería condenada hasta estos días.  

Cristina recuerda borrosamente esa última noche: una de esas noches tan normales en las que él llegaba durante la madrugada e insistía con sacarla abruptamente de la cama, arrastrándola hacia la cocina para que le hiciera algo de comer. En ese momento volvió a sentir que ya nada tenía sentido, su vida ya no le importaba. Enceguecida por la depresión, el miedo, la frustración y un sentimiento de vacío extremo, supo allí que era el último día en que iba a tolerar tales agresiones. Reaccionó. Lo atacó provocándole lesiones graves.

El hombre fue hospitalizado de urgencia en el hospital, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de manera inmediata. Luego pasó de un estado de coma a una habitación normal. Tenía ciertas dificultades para hablar, pero respiraba de manera autónoma. Mientras tanto, Cristina ya se encontraba en una unidad penitenciaria.

Él estuvo nueve meses con vida, sin tener una buena asistencia ni cuidados pertinentes. Finalmente murió por una bronco aspiración.

Desde el momento del hecho hasta hoy Cristina se encuentra privada de su libertad. Estuvo un año en una unidad penitenciaria y luego le concedieron la prisión domiciliaria.

Al principio el caso estaba caratulado como “lesiones graves”; después del fallecimiento del marido la carátula cambió a “homicidio agravado por el vínculo”.

 

Punitivismo contra nosotras

El 21 y 22 de agosto, en la localidad de Azul, Cristina enfrentará un juicio por jurado en el cual se determinará su futuro. En este marco, una sentencia negativa puede implicar la prisión perpetua.

Los juicios por jurado suponen la idea de que una persona sea juzgada por sus pares. En lugar de que una persona sea juzgada por jueces profesionales, que son en su gran mayoría hombres de clase media alta, quienes evalúan son un grupo de personas que, en general, incluye igual cantidad de hombres y mujeres con distintas trayectorias y sensibilidades.

Estos juicios, generalmente, se utilizan en la Justicia penal para los casos de mucha gravedad. En la provincia de Buenos Aires está previsto para casos que puedan tener una condena mayor a 15 años y el acusado puede rechazarlo, es decir, puede pasar a ser juzgado por jueces profesionales.

El jurado está constituido por 12 personas y 6 suplentes, en todos los casos con paridad de género. Estas personas son seleccionadas por sorteo a partir de una lista elaborada por la Justicia Electoral sobre la base del padrón entre todos los ciudadanos mayores de 21 y menores de 75 años. Algunas personas, como los miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios electos o empleados del Poder Judicial, entre otros, no pueden ser miembros del jurado.

Lo que determina el jurado es si existió el delito y la culpabilidad de la persona. La pena es luego establecida por el juez, que está presente en todo el proceso. Para declarar culpable a una persona se necesitan 10 votos afirmativos y, para condenar a prisión perpetua, se necesita unanimidad.

Cristina va ser juzgada por haberse defendido y se encuentra privada de su libertad en el marco de una justicia machista y patriarcal que no reconoce el contexto de violencia cotidiano.  Está presa por ser mujer y por su condición de clase, por ser pobre. La Justicia abstrajo el caso de la violencia de género (aspecto que la Fiscalía borró de la causa con su dedo acusador) y decide no investigar la responsabilidad criminal del Estado que dejó morir al agresor al obligar a la familia a sacarlo del hospital sin cerciorarse de que tuviera los cuidados necesarios. El Estado es responsable de este sistema injusto y desigual en el que a las mujeres se nos oprime, se nos humilla, se nos explota y se nos discrimina.

El punitivismo, una vez más, lejos de ser una solución agrava los problemas y las situaciones en la vida concreta de las personas. El caso de Cristina es un claro ejemplo de cómo la Justicia actúa ciegamente en el peor de los sentidos: desconociendo contextos y aplicando penas que en nada reparan, sino que dañan mucho más.

En agosto estaremos junto a Cristina, exigiendo su libertad y absolución.

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