¿Qué se juega en 2017?

Por: Por Ulises Bosia. | 17 de febrero de 2017

Después de un 2016 caracterizado por la ofensiva de los sectores dominantes y por importantes manifestaciones de resistencia popular, 2017 será el año de las elecciones legislativas de medio término. ¿Hacia qué año vamos? 

En los papeles, durante los años electorales, las fuerzas políticas se concentran en el terreno de las urnas y la conflictividad sectorial queda “planchada”, en un segundo plano. Se entiende, a los ojos de las mayorías populares, las elecciones son una muy buena oportunidad para castigar o tomar distancia de un gobierno que no da respuestas. Este escenario supone, necesariamente, una reactivación significativa de la economía y, por lo tanto, del empleo y del consumo, así como un gobierno más “generoso” en el reparto de fondos.

Alrededor de esta idea se construyen hipótesis variadas: que este año no van a reducir el déficit fiscal, y por lo tanto no van a ajustar a fondo; que, a diferencia del año pasado, va a empezar en serio la ejecución de obra pública; que van a impulsar el consumo con una recuperación del salario, etc.

Lo cierto es que, hasta ahora, el año empezó de la misma manera que terminó el anterior: aumentos de tarifas de luz, naftas, peajes, transporte y prepagas; reducción de feriados puente y eliminación de las cuotas sin interés; impulso a la flexibilización laboral, como en el nuevo convenio colectivo de los petroleros de Vaca Muerta, un techo a las paritarias del 18% e indiferencia frente al cierre de empresas y a los despidos. Es decir, más pérdida de poder adquisitivo del salario y congelamiento del consumo. Los ricos no piden permiso.

La pelea de los gremios docente y bancario funciona como caso testigo. En el primer caso, el gobierno nacional se niega a cumplir la ley y realizar la paritaria nacional docente, que debería establecer un piso de aumentos a cumplir en todo el país. Mientras tanto, la gobernadora Vidal ya hizo un ofrecimiento del 18% en cuotas, muy lejos del 30%/35% que exigen los gremios para recuperar lo perdido en 2016. Para que se entienda el mensaje, no se hicieron esperar las amenazas a “Robi” Baradel, líder del principal gremio docente bonaerense.

En el segundo caso, el gremio bancario está sufriendo el costo de sostener una política de confrontación en minoría al interior de la CGT a partir de la decisión del gobierno y las principales cámaras patronales –especialmente la banca extranjera– de oponerse al acuerdo que ellos mismos habían firmado hace solo unas semanas y que, incluso, ya habían comenzado a aplicar a finales del año pasado. El argumento: la recomposición paritaria pactada para 2016, sumada al tradicional aumento que ese gremio acuerda a cuenta de las negociaciones de cada año, llega a alrededor del 24%.

Ambos casos son ejemplos actuales de que la intención de Cambiemos es tomar medidas ejemplificadoras contra los sectores del movimiento obrero que se nieguen a transar con el proyecto neoliberal.

Por otro lado, la imagen del presidente se deteriora moderada pero significativamente, teniendo en cuenta que estamos en el primer año de gestión, según estudios de opinión propios y ajenos. A pesar del blindaje mediático, los numerosos casos de negociados con el Estado de parte de los funcionarios del gobierno –Correo Argentino, Calcaterra, Shell, LAN, etc.– hacen difícil mantener su prédica republicana, que se sostiene, sobre todo, en una base social minoritaria pero influyente que prefiere cualquier cosa antes que al gobierno anterior.

Los “brotes verdes” pasaron al olvido. Más allá de las expresiones de deseo de los gurúes económicos –con su “optimismo” actual, tan científico como su “pesimismo” durante los gobiernos kirchneristas–, no hay razones para prever una reactivación económica sustantiva, que debe remontar una reducción en 2016 del 2,5% del Producto Bruto Interno.

Además, la reducción de la inflación, que el gobierno aspira a poder mostrar como su –¿principal?– logro de gestión económica, eventualmente sólo lo será respecto del enorme 40% de su primer año y, a costa de sacrificar el empleo, el consumo y la producción nacional. Apertura comercial, tipo de cambio retrasado, consumo deprimido, endeudamiento externo: esa fue la receta con la que Cavallo terminó con la inflación… cada quien puede recordar con cuántas cosas más terminó.

Falta mucho para agosto, fecha de las PASO nacionales, pero lo cierto es que probablemente estemos empezando un año caracterizado por una dinámica electoral directamente entrelazada con la movilización popular y la conflictividad político-social, con una economía que continuará deteriorándose. De ocurrir así, esto tendría consecuencias sobre la política del conjunto de las fuerzas políticas que nos mediremos en las urnas.

Sería un escenario más propicio para las organizaciones del campo popular y para los propios intereses populares en general; en particular, le daría más aire a Cristina y al kirchnerismo para mantener una postura intransigente; e, incluso, ejercería una presión para que los sectores funcionales de la oposición asuman posturas más “confrontativas” –una muestra de eso ya estamos viendo en el caso de la CGT.

Lo que está en juego

Una vez ganadas las elecciones, los sectores económicos se propusieron operar un cambio brusco que deje atrás los años de “populismo” con su “pesada herencia”.

Por una parte, disciplinar a los sectores populares: redistribuir el ingreso, reducir los derechos sociales y laborales, desarmar conquistas que en algunos casos tienen décadas de vigencia. Dejar en claro por la fuerza que “no es normal” un país en que un trabajador tenga aire acondicionado o cambie el celular, o donde los chicos y chicas pobres de los barrios jujeños tengan sus piletas y escuelas construidas por sus propias organizaciones, etc. En cambio, “sí es normal” que se pueda comprar dólares sin restricciones, para que las principales fortunas puedan fugar sus ganancias al exterior y enriquecerse en los circuitos financieros globales.

Por otra parte, recuperar el control del sistema político que tuvieron durante la mayor parte del tiempo desde el regreso de la democracia para llevar adelante ese programa antipopular. Para eso, precisan consolidar a Cambiemos y, al mismo tiempo, construir una alternancia funcional alrededor del justicialismo. Es lo que llamamos un nuevo “bipartidismo conservador”, después de que la alternancia PJ-UCR, que caracterizó a los años noventa y permitió que los sectores dominantes apliquen su programa, haya volado por los aires en diciembre de 2001.

¿Cuánto pudieron avanzar durante 2016 en ambos objetivos estratégicos? Avanzaron bastante, lamentablemente, pero mucho menos de lo que quisieran. Eso se debe a la resistencia popular que, como venimos caracterizando, se mantiene en posiciones defensivas, pero aún no fue derrotada.

En las calles, las grandes movilizaciones del año pasado lo pusieron de manifiesto. En el sistema político, la persistencia de Cristina como principal líder de la oposición y la imposibilidad de los sectores funcionales del justicialismo de reemplazarla por otra figura que les garantice éxito electoral, también.

Esto es lo que está en juego en la elección. En términos extremos, un resultado que pueda ser presentado como un triunfo del gobierno les daría luz verde para redoblar y profundizar la ofensiva, con consecuencias nacionales y también continentales. Sería la aprobación social que necesitan. En cambio, un triunfo de fuerzas nítidamente antineoliberales representaría un freno considerable y abriría una segunda mitad del mandato plagada de incertidumbres, dando aire, no solo a nuestro pueblo, sino al conjunto de pueblos latinoamericanos que resisten la ofensiva de las oligarquías locales y el imperialismo.

Al mismo tiempo, las variantes que intentan ponerse en un punto medio entre el “populismo” y el “neoliberalismo”, como intenta expresar el Frente Renovador liderado por Sergio Massa o como desearía el peronismo conservador, no representarían una real derrota de los verdaderos enemigos del pueblo. En otros términos, no cualquier derrota electoral del macrismo tiene el mismo significado político.

Hacia una nueva mayoría social

En función de estas lecturas, los militantes del campo popular tenemos mucho por hacer. En lo inmediato, acompañar e impulsar la movilización popular. La superación del techo en las paritarias es una tarea de primer orden, que encuentra como primer compromiso el apoyo a los gremios docente y bancario. Asimismo, más allá de las intenciones de sus dirigentes, la resolución del debate al interior del movimiento obrero de cara a tomar medidas de fuerza que culminen en un paro nacional es determinante.

Por otro lado, el paro internacional de mujeres convocado para el 8 de marzo representa la profundización de la irrupción a nivel masivo del movimiento de mujeres, en el que nuestro país juega un rol de vanguardia mundial. La movilización de las mujeres, lejos de ser encorsetada en reclamos puntuales o sectoriales, tiene el potencial de “politizar”, es decir, poner en discusión de cara a millones de personas muchísimas cuestiones de fondo que hacen a la transformación de la sociedad: el trabajo, la familia, la violencia social, la sexualidad, la crianza de los hijos e hijas, la política, el sindicalismo.

Además, al igual que el año pasado, y con aún más razones que entonces, el 24 de marzo debemos dar una pelea para dejar a un lado las diferencias y garantizar movilizaciones unitarias a 41 años del inicio de la dictadura genocida. También en el terreno simbólico y cultural se disputa un proyecto de país y los sectores dominantes lo saben muy bien. Por eso perseveran en atacar la lucha por memoria, verdad y justicia que es orgullo de nuestro país.

Todas y cada una de las manifestaciones de resistencia de nuestro pueblo son fundamentales: la de los estudiantes, becarios e investigadores en defensa de sus puestos de trabajo y de la ciencia nacional; las peleas de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular: manteros, carreros, cartoneros, pequeños productores agropecuarios, costureros; la organización y el enfrentamiento de nuestros hermanos y hermanas migrantes contra los intentos de copiar las políticas racistas del Norte, y tantas otras.

Las cientos de miles de personas involucradas en todas estas peleas, castigadas por la ofensiva neoliberal, son las que pueden poner en pie lo que venimos llamando, a falta de un nombre mejor, un frente político y social contra el ajuste. En este año electoral, construir una izquierda popular es aportar a que sea posible dar pasos consistentes hacia la construcción de una nueva mayoría social, articulada por herramientas de nuevo tipo, un nuevo frentismo político y social de carácter unitario, transversal, diverso y democrático, que exprese en el terreno electoral la resistencia consecuente contra el ajuste macrista y su programa antipopular.

Muchos son los pasos necesarios para superar divisiones, elaborar balances de lo realizado y formular nuevas propuestas capaces de competir contra una derecha que logró renovarse en su lenguaje y en sus formas, pero que mantiene el viejo proyecto de país excluyente que siempre la caracterizó.

La nostalgia de lo logrado, el “vamos a volver”, es comprensible y hasta útil desde la mística militante de gran cantidad de compañeros y compañeras, pero nunca puede sustituir la necesidad de hablarle a las personas de a pie en términos de sus propios problemas y de las posibles soluciones futuras que estamos en condiciones de ofrecer como campo popular para construir una nueva mayoría social.

Vivimos un momento muy especial para nuestro país en el que los sectores dominantes se aprestan a dar pasos claves para sus intereses. Este año electoral nos colocará de frente a una gran responsabilidad como campo popular, poniendo a prueba nuestras limitaciones, obligándonos a encontrar las vías para debatir con seriedad los pasos a dar. Todo retroceso nuestro será un paso adelante para ellos.