Regulación del cannabis medicinal: ¿”tuca” del prohibicionismo?

Por: Santiago Villaruel | 12 de abril de 2017

En la noche del 29 de marzo se dio la media sanción faltante al proyecto de ley que otorga un marco regulatorio al cannabis para uso medicinal. ¿Cómo llegó a aprobarse esta ley y qué conflictos sociales expresa?

Desde 1989, la política de drogas de nuestro país estuvo regida íntegramente por la ley 23.737 de estupefacientes, de marcado corte represivo hacia el consumo de ciertas sustancias y con la prohibición como una supuesta estrategia para “combatir” a las organizaciones de narcotraficantes. Es una ley parida por la Drug Enforcement Administration (DEA), el órgano federal yanqui para librar “una guerra contra las drogas” a escala mundial. Con esta ley, los consumidores, en general, y los cultivadores de cannabis en particular, históricamente fuimos criminalizados, perseguidos y apresados como contracara del negocio y la connivencia narco-policial. El caso de Hugo Tognoli en Santa Fe un jefe de policía detenido por ser la cabeza de un negocio narco fue la muestra más cabal de que Estado y narcotráfico son una pareja simbiótica con devastadores efectos sobre la salud y la seguridad pública, en particular en sectores y barrios populares donde la violencia de las fuerzas de seguridad está exacerbada por la estigmatización y su función directamente represiva. Sin éxito para modificar la ley en 2012 en el Congreso, por presión de algunos actores, todo cambió cuando se puso en discusión el cannabis para usos medicinales y así, en consecuencia, todo concepto social sobre “las drogas”.

Esta normativa no salió de un repollo. En el último año y medio tras movilizaciones masivas desde 2007 en todo el país, producto de la lucha de diversas organizaciones sociales nucleadas ahora en FOCA (Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas), en Santa Fe, Salta, General la Madrid (Bs. As.) y Neuquén se han aprobado marcos regulatorios para la investigación del cannabis para uso medicinal, con el apoyo de instituciones universitarias y profesionales de la salud de toda disciplina. Así sucedió también en muchos países latinoamericanos. Además, por abajo, las organizaciones fueron creando redes de producción y distribución de aceite de cannabis con la participación protagónica de usuarios “recreativos”. Con fuerte presencia en los medios, se disputó el sentido común a partir del dolor real de las familias que se ven afectadas por las patologías de sus hijos e hijas, que pueden tratarse con cannabis y sus derivados. El trabajo a partir de enfrentar a madres y usuarios que buscan paliar patologías y sus consecuencias para el núcleo familiar, con una ley que los criminaliza, fue clave para poner de manifiesto el carácter inconstitucional y contrario a los derechos humanos de nuestra ley de drogas. Quedó de manifiesto que la lucha por una nueva política de drogas no era solo cosa de “fumones”, o un reclamo “liberal” y “clasemediero”.

¿Qué dice y cómo interpretar la nueva ley?

Se crea un programa de investigación para el uso medicinal de la planta de cannabis, con una borrosa protección a actuales cultivadores y usuarios medicinales mediante un registro. También promueve la producción nacional de cannabis a través de ANLAP, INTA y CONICET. Cabe destacar que dicho programa estará en la órbita del Ministerio de Salud y no en el de Seguridad. En el proceso político hacia la ley (votada por unanimidad en ambas Cámaras) se logró desnaturalizar el concepto de “droga” y poner de manifiesto socialmente la naturaleza político-económica de la clasificación de las sustancias en nuestra sociedad. Porque dicha clasificación no se basa en probados análisis sobre sus efectos sociales y psicofisiológicos. Porque expresa intereses de grandes grupos de la industria farmacéutica y de un modelo médico prejuicioso y alejado del paciente frente a un paliativo y tratamiento de producción casera y de bajo presupuesto. Porque se limitó, hasta ahora, a otorgarle la gestión de dicho problema a las fuerzas de seguridad a través de la ley penal. Ello derivó en que se borrara la línea divisoria entre fuerzas de seguridad y narcotráfico, con sus respectivas consecuencias de criminalización y violación sistemática a los derechos humanos. En definitiva, la “guerra contra las drogas” es un discurso social del imperialismo surgido en los tiempos del Consenso de Washington a partir de una clasificación interesada de las sustancias de este mundo. En lo concreto, la ley es un avance enorme en cuanto al derecho a la salud de miles de usuarios que ya lo venían utilizando, aún a riesgo de infringir la ley penal, más toda la perspectiva de investigación que abre para adelante.

Pisos y límites

Por otro lado, señalamos los límites que expresa la sanción de esta ley: no deroga ni modifica ningún artículo de la 23.737 y no se manifiesta una política de Estado que abandone el prohibicionismo y abrace una perspectiva de salud pública con especial énfasis en los derechos humanos. Tampoco, en contra de la posición de las organizaciones, se aprueba el autocultivo y el cultivo solidario, que son las fuentes principales actuales de suministro de cannabis medicinal. Esto es central: la materia prima del narcotráfico es la prohibición y los allanamientos a cultivadores solidarios siguen a la orden del día. En este respecto, en el contexto actual de refuerzo pronunciado del aparato represivo y de aval a la sistemática violencia policial por parte de Patricia Bullrich, la ambigüedad formal que supone la existencia de estas dos leyes contradictorias se resuelve políticamente en la práctica, en la correlación de fuerzas que sepamos construir para garantizar la aplicación de la nueva ley y para frenar los abusos policiales que, lamentablemente, siguen amparados por la 23.737. Creemos que estos límites son los que también permitieron la unanimidad de apoyo a la propuesta, porque hay intereses fundamentales que no son afectados con su sanción.

Por eso, esta ley es un muy buen piso que nos debe servir de trampolín para lograr la derogación de la ley 23.737, ir hacia una nueva política integral de drogas con perspectiva de salud pública y derechos humanos, que se proponga una reforma integral de las fuerzas de seguridad. Este 6 de mayo llenemos las plazas: basta de presos por cultivar, derogación de la ley 23.737, por la implementación efectiva de la nueva ley.

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