Un ataque completo a la educación pública

Por: Por Claudio Acuña y Facundo Doval | 17 de febrero de 2017

Si nos ilusionábamos con que en este 2017, al ser un año electoral, el macrismo iba a tener una política de menor confrontación con los trabajadores de lo que fue en 2016, quizás ya debamos reconsiderarlo. Todo indica que el gobierno, nuevamente, salió a jugar con el cuchillo entre los dientes colocándose del lado de los empresarios, tal como marca su identidad de clase.

Las paritarias docentes son clave. Desde el gobierno se la quiere utilizar como caso testigo y la propuesta fue peor de la que muchos y muchas esperábamos. El Ministro Esteban Bullrich decidió, por un lado, no convocar a la Paritaria Nacional Docente y, por otro lado, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal ofreció un aumento de salario del 18% a pagar en cuatro cómodas cuotas. Es evidente que estamos ante un ataque directo a nuestros derechos y que, desde el Ministerio, se pretende seguir con la misma línea de confrontación.
Para entender el significado de la negativa a convocar una paritaria nacional, debemos mencionar que ésta establece el salario mínimo docente a nivel país, es decir, el piso a partir del cual, luego, los docentes discutimos nuestros salarios y condiciones laborales con cada gobierno provincial: desde Tierra Del Fuego a Jujuy, desde Buenos Aires a la Cordillera. En este sentido, la estrategia del macrismo, que es acompañada por gran parte de los gobiernos provinciales, es descentralizar al máximo la negociación salarial para restarnos poder de negociación a los docentes. De esta manera, nos obligando a negociar de forma bilateral a cada gremio con sus respectivos gobiernos, sin tener el respaldo y la fortaleza que da una paritaria nacional. La gravedad de esta situación puede ser aun peor en el caso de las provincias más pobres del país en las que siempre las negociaciones son más arduas y los salarios docentes son más bajos.

Algo más que descentralizar la paritaria

Es evidente que este ataque hacia los derechos laborales de los y las docentes forma parte de un cambio estructural en marcha sobre el sistema educativo. Lo que está planteado es un desmantelamiento de los aspectos más progresivos que tiene la Ley Nacional de Educación, promulgada en 2006, y una profundización de aspectos regresivos que dicha ley no modificó (descentralización y financiamiento).

La federalización del sistema educativo es parte de esa estrategia que el gobierno pretende mantener y llevar ahora al terreno de las negociaciones salariales.  Algunas medidas ya fueron puestas en práctica durante 2016 con el desfinanciamiento y el cierre de diferentes áreas y programas socioeducativos que dependían del Ministerio de Educación. Se desmantelaron determinadas direcciones y programas nacionales, como bien detalla Manuel J. Becerra en “Reestructuración salvaje en el Ministerio de Educación: el cajoneo de la LEN”. Desaparecieron áreas como las Direcciones de Nivel (primaria, secundaria, jóvenes y adultos), que cumplían el rol articulador con las provincias; las Coordinaciones de modalidades (rural, artística, especial, contexto de encierro, domiciliaria y hospitalaria) y programas como Educación Sexual Integral y Conectar Igualdad; la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas (Centros de Actividades Infantiles y Juveniles, Orquestas y Coros, Ajedrez educativo, becas para alumnos de pueblos originarios y judicializados, etc). Queda, ahora, totalmente librado a la voluntad de las provincias el seguimiento de los lineamientos pedagógicos en los distintos niveles y la implementación de una diversidad de programas que abonaban a la inclusión educativa en gran parte del país.

Los otros dos ejes a los que apuesta Bullrich son, por un lado, la tercerización de esas áreas que ya no existen, firmando convenios con fundaciones privadas y ONG; y, por el otro, promover cambios en la docencia vinculados a las condiciones de trabajo, esto es, modificaciones sustanciales en el Estatuto del Docente.

La unidad es más necesaria que nunca

“Divide, descentraliza, deseduca y reinarás” podría ser la frase que guía al macrismo en materia educativa. Sin embargo, la respuesta por parte de los sindicatos docentes nacionales (CTERA, UDA, SADOP, AMET y CEA) junto el apoyo de la CGT y la CTA, fue de una unidad pocas veces vista. Con sede en la CGT, los secretarios generales de los gremios docentes nacionales y los principales dirigentes gremiales de ambas centrales se reunieron para dar un claro mensaje y conformar un plan de lucha para la primera semana de marzo.

Ya está planteado que, mientras no exista paritaria nacional, las clases no iniciarán el 6 de marzo debido a la convocatoria de un paro de 48 horas. Además, para el 7 está planteado el acompañamiento docente a la movilización convocada de manera conjunta por la CGT y la CTA en contra de la flexibilización laboral y los despidos, y en defensa de la educación y el trabajo. La triple jornada de lucha se corona con un acompañamiento e impulso del paro internacional de mujeres el 8 de marzo.

El apoyo a estas medidas tiene que ser pleno. No solo por parte de la docencia, sino también por parte de la sociedad entera. Esto es más que un conflicto gremial, estamos hablando de la defensa de la educación y de sostener el rol central que tiene que tener el Estado Nacional en esta área.