Un plan de imposible cumplimiento para un gobierno antipopular

Por: Jonathan Gueler | 20 de diciembre de 2017

En los últimos días, el gobierno presentó el “Primer plan nacional de acción en derechos humanos” (PNADH), una planificación hasta el año 2020. Un análisis de sus principales puntos que no puede agotarse en el texto del PNADH, sino que debe leerse en contraste con la política desarrollada en estos dos años de gobierno macrista.

El Plan está estructurado en 5 ejes: “Inclusión, no discriminación e igualdad”, “Seguridad pública y no violencia”, “Memoria, Verdad, Justicia y Políticas Reparatorias”, “Acceso universal a Derechos” y “Cultura cívica y compromiso con los derechos humanos”. Cada uno contiene asimismo subejes que establecen “acciones programáticas” para el período propuesto. Este  escueto desarrollo no impide hacer, sin embargo, un análisis de la propuesta.

Quien al leer este Plan pretenda “constatar” en los papeles su carácter negacionista de los DDHH por provenir de un gobierno derechista, difícilmente logre su cometido. En el PNADH pueden encontrarse incluso reconocimientos a la importancia de las luchas, de los organismos y de los movimientos sociales. Pero lo que tampoco pueda  probablemente constatarse es una coherencia con la política efectivamente aplicada por el macrismo en los últimos dos años.    

El PNADH comienza afirmando que en los últimos 30 años se ha “progresado” en  promoción de derechos. Resulta llamativo el corte temporal elegido, dentro del cual existieron avances y retrocesos. En ese período entran tanto las leyes de obediencia debida y punto final como sus derogaciones. La elección parece tener más que ver con las necesidades del oficialismo en esta coyuntura política que con la realidad.

Inclusión, no discriminación e igualdad

Dentro de este eje vale detenerse en los puntos de igualdad de género y diversidad sexual. Se vislumbra una falla en cuanto a la concepción de autonomía económica, que atraviesa a su vez muchas de las iniciativas propuestas. También existe una mirada limitada sobre la violencia de género, que va más allá de los femicidios, su faceta más extrema. Resultan interesantes las propuestas de una ley de cupo trans, así como la implementación del Cuerpo de abogados y abogadas contra la violencia de género (ya aprobado por ley).

En relación a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, resalta la voluntad de sancionar un nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, lo que ya suscitó un importante rechazo por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil

Llama la atención también una propuesta “de diálogo” con respecto a los migrantes, que contrasta con numerosos episodios de represión contra diversas comunidades en los últimos meses.

Lo mismo ocurre respecto a la política para los pueblos originarios, que abordaría la problemática de las tierras y los conflictos suscitados a partir de la posesión de las mismas pero que en la práctica vienen resolviéndose con numerosas represiones que ya dejaron dos muertos en lo que va de gobierno macrista.

Seguridad pública, no violencia y acceso a la justicia

Frente a la violencia institucional y torturas, se proponen numerosas medidas para el relevamiento de la problemática o para la asistencia a las víctimas pero nada se dice de ninguna reforma de las fuerzas policiales o penitenciarias (más allá de algunas menciones sobre su formación), cuestión fundamental para abordar este tema.

Ante la situación de las personas privadas de su libertad se encuentra un notorio contraste entre un supuesto apoyo al acceso a la salud y educación, al mejoramiento de las condiciones materiales de detención y a la promoción de medidas alternativas al encarcelamiento, y por otro lado la política efectivamente aplicada por el gobierno que, con la reforma de la ley de ejecución de la pena, hizo virtualmente imposible el acceso a los institutos de libertad anticipada, salidas transitorias, etc., agravando la problemática de sobrepoblación que aqueja a los penales de todo el país. Con estos antecedentes, debemos preocuparnos por las propuestas de modificación de los códigos penal y procesal penal enunciadas en este Plan.

Memoria, verdad, justicia y políticas reparatorias

En este punto se nota la preocupación que tuvo el gobierno por no dar (más) pasos en falso en virtud de lo que significan estas banderas para el pueblo argentino. En la planificación existe una continuidad de las principales líneas en la materia, encontrando incluso algunas propuestas interesantes como la exclusión de la FFAA y de seguridad de quienes cumplieron funciones en los centros clandestinos de detención o la elaboración de un digesto con la legislación procesista para proponer su anulación en caso de haber incompatibilidades con el régimen democrático.

Lógicamente, existe una enorme distancia entre estas líneas y el real accionar macrista, con su política frente al fallo del 2×1, la “oleada” de arrestos domiciliarios a genocidas concedidos desde el principio mismo de su gestión, la disolución de la Dirección de DDHH del Ministerio de Seguridad o la puesta en duda de la continuidad de las fiscalías de lesa humanidad con el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal.

Acceso universal a derechos

Aquí se hacen una variedad de propuestas que abarcan prácticamente la totalidad de los derechos económicos, sociales y culturales aunque con bastante vaguedad. Pueden destacarse campañas sobre el derecho a la seguridad social (mientras intentan recortar jubilaciones represión mediante), políticas de ciencia y técnica (cuando ajustan al CONICET), de acceso a los servicios básicos (habiendo impulsado numerosos tarifazos). El reino de la hipocresía.

Cultura cívica y compromiso con los derechos humanos

En este punto se hacen propuestas sobre compromisos con los distintos sistemas de protección y promoción de los DDHH, acceso a la información pública, participación ciudadana, entre otros.

Conclusión

En base a los 5 ejes antes desarrollados, se proponen 17 “objetivos globales” bastante grandilocuentes que van desde el “fin de la pobreza”, hambre cero, educación de calidad o igualdad de género hasta “vida submarina”.

Siguiendo al constitucionalista Eduardo Barcesat decimos que los derechos subjetivos, es decir, los intereses individuales jurídicamente protegidos, no requieren de ningún cambio en la estructura social y hasta “repelen todo cambio social”. En contrario, los DDHH necesitan de una modificación profunda del orden social para poder al menos tener condiciones para su desarrollo.

Podemos concluir entonces que el Plan de Nacional de Acción en Derechos Humanos constituye a todas luces un programa de imposible cumplimiento para este gobierno antipopular. La plena vigencia de los DDHH no depende de la ratificación de uno u otro tratado, sino que será también producto del resultado de las luchas por venir.

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