Vienen por todo

Por: Ulises Bosia | 10 de mayo de 2017

La reunión de Macri con Trump en Estados Unidos y el fallo de la Corte Suprema que habilitó la ley de 2×1 para los genocidas condenados nos pusieron de frente a la magnitud de la ofensiva antipopular en curso en nuestro país. Detrás del “gradualismo”, ellos sí vienen por todo.

El presidente Macri volvió exultante de su gira por Estados Unidos. A fuerza de gestos de buena voluntad, consiguió que Trump lo recibiera con el estatus de “socio en la región”, logrando recuperar el vínculo bilateral que el gobierno de Cambiemos había conseguido establecer con la anterior administración demócrata. Hay que recordar que, junto con la mayor parte del establishment financiero y político del mundo occidental, los neoliberales argentinos esperaban un triunfo de Hillary Clinton en las elecciones norteamericanas, pero cometieron el error de hacerlo explícito. Sin embargo, los resultados de este encuentro parecen haber dejado atrás ese momento de zozobra.

Después del paréntesis vivido durante los primeros años de este siglo, en el que nuestra política exterior abandonó las relaciones carnales con los Estados Unidos, también en este terreno el “cambio” fue para peor. Ante un mundo cada vez más multipolar, tomar distancia de las principales potencias que, históricamente, han tenido mayor injerencia en nuestro país –la Unión Europea y los Estados Unidos– en pos de lograr mayores grados de autonomía nacional, acercarse a las potencias emergentes –a China y Rusia sobre todo– y apostar a la integración regional, no fue solamente una decisión ideológica sino también el fruto de una lectura más ajustada de la realidad internacional.

Más allá del necesario balance de aquella política exterior, especialmente en cuanto a las limitaciones de la integración regional lograda, se trató de una manera de afrontar las consecuencias negativas de la globalización neoliberal, que hoy vemos cómo dan lugar a nuevos fenómenos políticos en distintos países de Europa y en los propios Estados Unidos.     

Sin embargo, esa política fue sepultada por el mito de que “estábamos fuera del mundo”, de larga data en nuestro país, declamado siempre por los voceros de nuestra clase dominante, al servicio de boicotear toda política exterior mínimamente soberana y de atarnos a nuestros vínculos de dependencia.

El principal precio a pagar por las sonrisas de Trump es actuar como ariete contra el orden constitucional venezolano, parte fundamental de la operación internacional destinada a profundizar y amplificar la actitud destituyente de la derecha local.

Por otro lado, mientras aparecen anuncios de la apertura de las barreras comerciales para los limones argentinos, la llegada de inversiones productivas está por verse. Al mismo tiempo, presenciamos el insólito paseo del presidente por una fábrica de tubos sin costura de Techint, la multinacional ítalo-argentina con sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo que despide trabajadores de su planta en Campana para generar empleo en Houston. America first.    

Otra vez la Corte Suprema da vergüenza

La otra gran expresión del “cambio” regresivo que estamos viviendo fue la decisión de la Corte Suprema de aplicar la “ley del 2×1” en un caso de lesa humanidad. Lo insólito e incomprensible de la decisión en el plano jurídico deja en claro que se trata de un mensaje al conjunto del poder judicial que habilita una regresión cualitativa en el proceso de los juicios.  

Es cierto que no es la primera regresión que vemos. Para ser rigurosos, no es una novedad que sectores del poder judicial pongan trabas y obstáculos a la realización de los procesos a los genocidas y sus cómplices. Pero, desde la llegada de Macri al gobierno, encontraron una nueva correlación de fuerzas que les permitió dar firmes pasos hacia atrás. El desmantelamiento de los programas de apoyo a los juicios, la prisión domiciliaria a Etchecolatz, las declaraciones públicas de funcionarios nacionales relativizando o negando el genocidio –incluyendo al propio Macri–, la permanente afrenta a los organismos de derechos humanos, entre otras cosas, fueron señales muy claras que ahora la Corte Suprema, con su nueva composición, revalida.

La elección de la Corte fue una cuestión prioritaria para el gobierno desde sus primeros días. Al intento frustrado de nombrar por decreto a Rosatti y Rosencratz –este último, abogado del Grupo Clarín, se perfila como nuevo hombre fuerte de la Corte– se sucedió una larga negociación en la que finalmente ambos fueron aprobados por la Cámara de Senadores, merced al apoyo indispensable de la mayor parte del justicialismo, comandado por su jefe de bancada Pichetto. Todos ellos también son responsables por esta decisión judicial que puede poner a una larga lista de genocidas condenados en la calle. Muy pocas son las honrosas excepciones de senadores y senadoras que rechazaron las presiones y se posicionaron en contra, acompañando las opiniones de los organismos de derechos humanos.

Por otro lado, es llamativo el cambio de posición de la jueza Highton de Nolasco, quien hace pocas semanas llegó a un acuerdo con el gobierno para continuar en su cargo después de los 75 años, a pesar de que la Constitución Nacional establece lo contrario. La jueza obtuvo un fallo a su favor para continuar, logrando que no sea apelado por el gobierno. Estamos presenciando, al menos, una primera muestra del precio que tuvo que pagar.  

Junto al gobierno, que después de dos días contradictorios salió a tomar distancia de la decisión judicial –aunque en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la orden no llegó a tiempo y el bloque del PRO votó en contra de que se apruebe un repudio al fallo–, también muchos de los medios de comunicación forman parte de esta operación de retorno de la impunidad. Y, finalmente, también anota su esfuerzo la jerarquía eclesiástica argentina que volvió a arremeter con su propuesta de “reconciliación” con los genocidas, sin siquiera exigir ningún tipo de arrepentimiento de sus crímenes, tal como exigen los propios sacramentos de su fe.

A lo largo de estos 40 años, la lucha por memoria, verdad y justicia dependió siempre de la capacidad de organización y movilización de nuestro pueblo. En tiempos difíciles, hay que hacerlo valer más que nunca.

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