En el Congreso
Desde el 2019 llegamos como Frente Patria Grande al Congreso Nacional con Itai Hagman, Federico Fagioli, luego con Natalia Zaracho, a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con Ofelia Fernandez y en 2021 a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires con Lucía Klug.
Nuestros compañeros y compañeras no asumieron las bancas con la lógica de acomodarse en la política tradicional sino de representar al pueblo pobre y a las generaciones de jóvenes post 2001 que no quieren que Argentina sea un país para pocos. Por eso impulsamos los siguientes proyectos y por eso también nuestros legisladores decidieron donar una parte importante de su sueldo para sostener actividades sociales en donde más se necesita.
Salario Básico Universal
La iniciativa parlamentaria de Salario Básico Universal se propone como una ampliación del Sistema de Seguridad Social argentino para la franja etaria de 16 a 60 años en el caso de las mujeres, y de 16 a 65 años en el caso de los varones. Su aprobación implicaría la erradicación de hecho de la indigencia en nuestro país y el perfeccionamiento de las políticas sociales para estar mejor preparados para luchar contra los efectos de la crisis global.
Esta iniciativa se concibe, desde sus inicios, de forma complementaria con políticas de fomento de la transición hacia la economía registrada. En la mayoría de los casos, oficiará de refuerzo económico para personas que ya trabajan pero que con sus ingresos no cubren siquiera necesidades mínimas. En otros casos, reconocerá un trabajo de cuidados no remunerado, que millones de personas (sobre todo mujeres) llevan adelante de forma cotidiana cuidando de sus hogares y personas cercanas.
El SBU o Ingreso Universal contempla un ingreso mensual equivalente a la Canasta Básica Alimentaria de un adulto ($20.716 en noviembre de 2022) para personas desocupadas, informales, monotributistas sociales, trabajadores y trabajadoras agrarias y de casas particulares.
Ley de envases con Inclusión Social
En Argentina se producen todos los días 50 mil toneladas de residuos. La mitad de ellos termina en alguno de los 5000 basurales a cielo abierto que hay en el país, o en un relleno sanitario. Alrededor del 20% de los residuos sólidos urbanos generados son envases post consumo.. Actualmente se recuperan como máximo un 10% de los residuos generados.
Los 150.000 cartoneros y cartoneras que evitan que el sistema colapse trabajan en pésimas condiciones. Miles de ellos lo hacen en los propios basurales sin baños, agua, ni techo para cubrirse del sol o la lluvia. La Ley se basa en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), la cual es entendida como el deber de cada uno de los productores de tomar responsabilidad objetiva por la gestión ambiental y su financiamiento respecto de los envases introducidos por ellos en el mercado nacional y los envases post consumo.
El proyecto, impulsado por la Federación de Cartoneros implica la implementación de una tasa ambiental para las empresas y productores que coloquen envases en el mercado, premiando a los que se hagan con materiales reciclables y sean fáciles de reciclar. Lo recaudado se utilizará para implementar Sistemas de Reciclado con Inclusión Social, que permitan recuperar los envases para que vuelvan a la industria y dignifiquen el trabajo de los cartoneros y las cartoneras de todo el país.
Ley para personas en situación de calle y familias sin techo
Con la sanción de la ley para personas en situación de calle y familias sin techo, Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en tener una normativa para esta población. En nuestro país, es una problemática que crece a niveles agigantados y que, gracias al trabajo de las organizaciones sociales y a la voluntad política en el avance de la ley, pudo visibilizarse. Al día de hoy, su reglamentación e implementación está en proceso.
La ley aborda la problemática de manera integral y federal; y surge a partir de las experiencias previas de diversas organizaciones sociales. Propone:
- Creación de una red nacional de centros de integración social, en donde las personas en situación de calle reciban atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Estos centros contarán con acompañamiento terapéutico, formación en oficios, terminalidad escolar, talleres y actividades personalizadas de acuerdo a cada destinatario.
- Creación de una red de atención móvil articulada con una red de atención telefónica para la intervención inmediata de la problemática.
- Realización de un relevamiento anual que no sólo brinde datos acerca de cuántas personas en situación de calle existen sino que también aborde la problemática de forma cualitativa para elaborar políticas públicas más eficientes.
- Otorgamiento de documentos nacionales de forma gratuita.
La autoridad de aplicación de la normativa es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pero se conformará dentro del mismo una mesa interministerial para garantizar el abordaje integral de la problemática.
Esta ley reconoce los derechos humanos y constitucionales de una población que históricamente ha sido invisibilizada y que sus derechos han sido profundamente vulnerados.
Actualización de la Ley de barrios populares
La actualización prorroga la suspensión de los desalojos por diez años sancionada en octubre de 2022 refrenda la actualización del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) aprobada por decreto en 2021, declaró la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental e incorpora la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de lotes con servicios, entre otros temas.
La Ley de Barrios Populares sancionada en el 2018 permitió la declaración de interés público de la integración socio urbana y la creación de un fideicomiso como instrumento para lograrlo: el Fondo de Integración Socio Urbana que se constituyó en el año 2020 y está compuesto principalmente con financiamiento del Aporte de las Grandes Fortunas y del Impuesto PAIS.
Actualmente la Secretaría de Integración Socio Urbana está ejecutando obras de urbanización en 747 barrios populares y desarrollando la línea de financiamiento Mi Pieza que ya alcanzó a 173.000 familias de todo el país. Con una inversión nacional que supera los 165 mil millones de pesos, la SISU desarrolla ambas líneas de trabajo y también la creación de lotes con servicios con la que ya tiene 50 proyectos en marcha.
Ley contra la reincidencia
El proyecto de Ley contra la reincidencia es una propuesta de seguridad que impulsaron organizaciones de liberados, liberadas y familiares, presentado en el Congreso por Natalia Zaracho y Eduardo Toniolli en noviembre de 2022. Está centrada en la creación de Polos productivos de Inclusión Socio-laboral para las personas que salen de la cárcel.
La reincidencia es uno de los aspectos que explican la problemática de seguridad. Cuando las personas salen de la cárcel, no tienen acompañamiento ni oportunidad de trabajo y el delito termina siendo el único camino para la subsistencia. Para cualquier empleo formal, el certificado de antecedentes penales es un requisito excluyente. Este aspecto sumado a la falta de políticas pospenitenciarias a nivel nacional y provincial, dificulta la inclusión social posterior a la cárcel profundizando la problemática de inseguridad.
Desde hace décadas, existe un aumento sostenido del encarcelamiento, con una problemática de inseguridad y reincidencia que hoy en día sólo se trata de forma punitiva: más cárceles, condenas más largas, castigos más duros y que se aplican en su mayoría sobre sectores populares.
Aunque no existen datos centralizados sobre las personas liberadas, lo cual constituye también parte del problema, los datos estimados establecen que 7 de cada 10 personas que salen de la cárcel tiene probabilidades de delinquir en el primer año. (Celiv, 2022).
La solución que encontraron los liberados, liberadas y familiares a la problemática de la reincidencia fue organizarse para trabajar en la Economía Popular. Conformaron cooperativas de trabajo a lo largo y ancho del país que realizan distintas actividades productivas como textil, estampado, serigrafía, marroquinería, construcción, carpintería, reciclado, herrería, panificados y gastronomía, entre otras. Estos espacios son llevados adelante por los propios liberados y liberadas, quienes más conocen la problemática y saben abrazar a los compañeros y compañeras para que no vuelvan al delito y construyan un nuevo proyecto de vida que tenga al trabajo en el centro. Además se organizan asesorías legales y cursos de formación.
Principales propuestas del proyecto de ley:
- Inclusión laboral en Polos Productivos.
- Educación y formación técnica y profesional.
- Acompañamiento comunitario integral.
El proyecto de ley propone la creación e implementación del “Programa nacional para la reducción de la reincidencia mediante la Inclusión Sociolaboral de Personas Liberadas y familiares” dependiente del Estado Nacional a partir del cual se propone la creación de Polos Productivos de Inclusión en todo el país. Podrán acceder a este programa instituciones del Estado, municipios y provincias de todos los signos políticos, ONG’s, iglesias y todos los actores de la comunidad organizada que trabajen con esta problemática.
La propuesta promueve instancias de educación y formación técnica y profesional tanto en lugares de detención como en los propios Polos Productivo de liberados/as. Asimismo, en cada Polo se propone que exista un equipo de acompañamiento comunitario interdisciplinario conformado por profesionales de diversas áreas (trabajo social, salud mental, derecho, etc). Para la conformación de estos equipos se priorizarán a las y los profesionales que hayan estado privados de la libertad, por lo cual también se generarán más fuentes de trabajo para liberados y liberadas.
Para la aplicación del programa, el proyecto prevé la creación de un Consejo Consultivo integrado por representantes de los Polos Productivos de Inclusión, representante de la autoridad de aplicación, representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, el que tendrá a su cargo el control de la implementación del programa.
El modelo que proponemos es mucho más barato que, por ejemplo, construir cárceles. Además es más eficiente porque trabaja sobre el corazón de la problemática: prevenir el delito.
Ley Carpincho
Presentamos un proyecto de Ley que prohibe el uso de cercos eléctricos e impone multas para preservar la fauna autóctona de los humedales.
