100 propuestas para un gobierno popular

Nos mueve el deseo de una Argentina justa

Porque nos mueve el deseo de una Argentina justa, libre y soberana, con tierra, techo y trabajo para todos y todas, proponemos al pueblo 100 acciones concretas para recuperar lo que perdimos y conquistar lo que soñamos. Estas son las principales 21.

1. Anular el acuerdo Macri-FMI y auditar la deuda externa.  
Suspensión del programa de ajuste y reemplazo por un programa que tenga como fundamento el empleo, la producción y la distribución del ingreso. A la par se iniciará un proceso de renegociación y refinanciación de la deuda y estiramiento de los plazos de pago, necesario por las irregularidades del cronograma de desembolsos y pagos acordado en el segundo acuerdo entre el FMI y el gobierno de Macri. Asimismo, se realizará una auditoría para evaluar la complicidad del directorio del Fondo con el despilfarro de los recursos girados al tesoro nacional entre junio de 2018 y el 10 de diciembre de 2019, en contra del estatuto del propio FMI y de la legislación argentina. La auditoría se extenderá al conjunto de la deuda externa pública para establecer legalidad y legitimidad de la misma.

2. Congelar las tarifas.
Frente al tarifazo y los constantes problemas del servicio proponemos declarar la Emergencia Energética. Esto implica congelar las tarifas de servicios públicos hasta que que se realice y concluya una auditoría integral de las estructuras de costos de producción, las inversiones y ganancias de las empresas del sector. Creemos que es necesario establecer un nuevo régimen, segmentando los precios según criterios equitativos que contemplen el patrimonio y el poder adquisitivo de la población. Por último para lograr la soberanía en materia de energía, entendiendo que es un bien común, y garantizar un servicio de calidad es fundamental reestatizar las empresas de distribución de luz, gas y agua.

3. Aumentar los salarios y jubilaciones.

Proponemos establecer un aumento de emergencia para salarios, jubilaciones, pensiones, programas sociales y asignaciones familiares. Se trabajará en la mejora del poder adquisitivo a través de paritarias por encima de la inflación en 2020. Asimismo, para que la recomposición y las posteriores mejoras salariales no recaigan únicamente sobre el salario directo, se establecerán mecanismos de salario indirecto, como el otorgamiento de subsidios para reducir tarifas, el desarrollo de un programa alimentario y un programa nacional de cuidado, o la mejora en el acceso a la salud. Se establecerá una nueva regla de actualización de jubilaciones y prestaciones sociales destinada a una mejora progresiva del poder adquisitivo. Estas medidas serán acompañadas por un nuevo esquema jubilatorio que permita incluir de manera justa y definitiva a aquellos trabajadores y trabajadoras excluidas del trabajo formal.

4. Integración 4.500 barrios populares
5 millones de argentinos y argentinas habitan en los 4500 barrios populares relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares. Son familias que hoy no acceden a servicios públicos básicos como agua potable, luz o cloacas. Más del 65% son niños y niñas que viven en condiciones de hacinamiento y vulnerabilidad. Proponemos crear el Plan Nacional de Integración Urbana para garantizar luz, agua de red, cloacas, desagües, veredas, conectividad digital, recolección de residuos y nuevos espacios para el bienestar social: centros de atención primaria de la salud, espacios para estimulación temprana de niños y niñas y lugares de cuidado para la primera infancia. Queremos que las obras las hagan los propios vecinos y vecinas y que apunten a generar reformas estructurales para los barrios. Crearemos una escuela nacional de oficios para incentivar una gran incorporación de trabajadores y trabajadoras de la economía popular a la construcción de las obras planificadas. Vamos a promover espacios de participación para que cada vecino y vecina pueda ser protagonista del mejoramiento de su barrio. Necesitamos avanzar a la integración territorial a través de un crecimiento urbano planificado que contemple las necesidades sociales y ambientales de todos los argentinos.

5. Crear el Ministerio de la Mujer y diversidades.
Para que jerarquice y articule bajo su órbita el combate a las diversas expresiones de violencia, discriminación y desigualdad.

Que promueva la plena aplicación de medidas para la eliminación de toda diferencia en las condiciones de contratación y retribución salarial tanto en el ámbito público como en el privado.

Aumento de emergencia del presupuesto para la aplicación de la Ley 26.845 (Ley de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia Contra las Mujeres).

Proponemos construir 500 casas abrigo para víctimas de violencia de género y un programa nacional de inserción laboral prioritaria bajo responsabilidad estatal en cogestión con organizaciones sociales y no gubernamentales, con un equipo de abordaje integral (abogados, psicólogos, etc.).

6. Frenar la “bicicleta financiera”.
Hoy el ahorro de los argentinos y los capitales del exterior se destinan casi exclusivamente a la especulación y no contribuyen al desarrollo productivo y a mejorar las condiciones de vida. Se regulará el ingreso de capitales que no contribuyen al desarrollo de la economía argentina. Para ello se propone restaurar el plazo de permanencia de los mismos por 180 días y generar incentivos que puedan ser canalizados a la producción. Al mismo tiempo, se abaratarán las tasas de los créditos orientados a Pymes y pequeños emprendimientos. Por otro lado, se regulará la diferencia entre la tasa de interés que paga un banco por los depósitos y la que cobra por los créditos. Estas medidas serán complementadas con la sanción de una nueva ley de entidades financieras en pos de la independencia económica que proteja la moneda de los argentinos y argentinas.

7. Tolerancia cero a la corrupción
Para eliminar cualquier vestigio de corrupción en un gobierno popular proponemos reformar la Oficina Anticorrupción, para que deje ser una “sucursal” del Poder Ejecutivo y esté garantizada su autonomía, autarquía y transparencia. Estará dirigida por un directorio multisectorial elegido por concurso, con representación de diversos sectores sociales, y funcionará partir de criterios básicos de transparencia y participación ciudadana. Al mismo tiempo, para prevenir conflictos de intereses entre empresarios y funcionarios públicos, se prohibirán los mecanismos de “puerta giratoria”, estableciendo un período de dos años de imposibilidad para ejercer un cargo público si se procede de sectores de jerarquía del sector privado. Por último, se promoverá un Acuerdo Nacional de Ética y Responsabilidad Pública que arbitre las medidas necesarias para un nuevo pacto sobre el financiamiento de la política.

8. Decretar la Emergencia Alimentaria.
Se garantizará la alimentación de las 3 millones de personas en situación de indigencia, en particular niños, niñas y adolescentes, a través de un Programa Nacional de Nutrición que garantice el “Derecho Humano a la Alimentación”. Se realizará promoviendo las compras públicas a la agricultura familiar, campesina e indígena, así como a otros emprendimiento que garanticen precios justos. La entidad responsable se llamará Consejo Federal de la Soberanía Alimentaria y contará con la participación de organizaciones de productores de alimentos y de consumidores.

9. Crear un Sistema de Comunicaciones Convergentes.
A diez años de la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) se vuelve inevitable redactar una nueva norma que contemple el escenario actual de la comunicación, los cambios tecnológicos que se han producido en esta década y los nuevos protagonistas del sector. Esta nueva normativa deberá retomar y profundizar los avances propuestos por la LSCA en materia de derechos de las audiencias, en contra de la concentración y por la democratización de la palabra, respetando la reserva del 33 por ciento del espectro para el sector social comunitario y la profundización de las políticas públicas de promoción y fomento. Al mismo tiempo es necesario recuperar la existencia de un organismo regulador democrático que no quede subordinado al arbitrio del Poder Ejecutivo, como sucede actualmente con el Enacom.

10. Promover los cinturones verdes periurbanos

Vamos a garantizar la sostenibilidad de la producción ya existente en las cercanías de las grandes ciudades y promover la expansión de las explotaciones agropecuarias en las zonas periurbanas. Al mismo tiempo vamos a promover la transición ecológica, para dejar de utilizar pesticidas y producir de manera orgánica. Para conseguirlo, será clave la implementación de un nuevo ordenamiento territorial que proteja las áreas de producción de alimentos frente a la especulación inmobiliaria, garantizando el acceso a la tierra a los pequeños arrendatarios, aparceros y medianeros hortícolas. El objetivo es que todas y todos podamos comer mejor y más barato.

11. Recuperar las divisas de las exportaciones.

Hasta diciembre de 2015 los exportadores tenían la obligación de liquidar las divisas en el mercado local con plazos estipulados por el BCRA luego de producida la operación. Esta medida apuntaba a garantizar la disponibilidad de las divisas para que el Estado pueda orientar el desarrollo o hacer frente a una corrida cambiaria. Macri primero lo extendió a 5 años y en noviembre lo eliminó por completo, dejando a la sociedad a merced de especuladores y financistas. Proponemos restablecer la liquidación obligatoria de divisas en el plazo de 90 días.

12. Crear un millón de puestos de trabajo para la economía popular

La economía moderna expulsa cada vez más trabajadores y trabajadoras del empleo formal. En lugar de proteger a los sectores expulsados, el gobierno nacional empeora la situación. Nos proponemos crear un millón de puestos de trabajo de la economía popular a partir del despliegue de los proyectos comunitarios, del Plan Nacional de Integración Urbana, el apoyo a las empresas recuperadas, el desarrollo de los polos de producción textil, el programa nacional de reciclado social y la sanción del estatuto del vendedor y vendedora ambulante, entre otros. Se garantizarán los plenos derechos sociales y laborales, apoyo técnico, estrategias productivas, comerciales e inversiones en infraestructura.

13. Cuidar el bolsillo del pueblo.

Vamos a impulsar circuitos de distribución de productos esenciales a precios económicos, a través de la creación de 1000 sucursales del Mercado Central, una cadena de comercialización pública y almacenes populares, que prioricen los productos de fabricación nacional y de la economía popular. Recuperaremos “precios cuidados”, abaratando el valor de los productos básicos vía reducción del IVA para los sectores más vulnerables. Vamos a aplicar plenamente la ley de abastecimiento, monitoreando las cadenas productivas en todos sus eslabones para evitar aumentos injustificados y el ahogamiento de los productores pequeños en manos de las grandes comercializadoras. Finalmente, impulsaremos la Ley de Góndolas que regule la exposición de los grandes oligopolios alimenticios y reserve un 5% para la economía popular.

14. Abolir los privilegios de la casta política.

Las diferencias del nivel de vida entre la ciudadanía y aquellos que dicen representarla son éticamente inaceptables. Por eso proponemos transparencia en la remuneración de los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, es decir terminar con los sobresueldos y las cajas discrecionales. Además, se estipulará un máximo razonable en los salarios de los cargos jerárquicos y se sancionará de manera estricta los patrimonios que no puedan ser explicados y fundamentados por los ingresos percibidos. Se prohibirá de forma inmediata para dichos funcionarios la titularidad y utilización de paraísos fiscales y cuentas offshore. Se eliminará cualquier exención impositiva o régimen especial.

15. Redistribuir la renta inmobiliaria.
Para que alquilar una vivienda deje de ser un martirio es preciso equilibrar el mercado inmobiliario. Retomando el proyecto de ley presentado por la Federación de Inquilinos Nacional, proponemos extender el contrato de locación de dos a cuatro años; que el locatario no pagará más de un mes de depósito de garantía, ni de anticipo, así como tampoco firmará pagarés o cualquier otro papel por fuera del contrato original. Se blanquearán todos los contratos de alquiler, y al mismo tiempo, la comisión, en el caso de existir inmobiliaria o martillero, será pagada por el locador. Además, el aumento del alquiler deberá ser anual y no semestral, rigiéndose por un índice que promedie la inflación y el aumento de los salarios. Como medidas complementarias proponemos gravar con un impuesto progresivo a los inmuebles urbanos ociosos; digitalizar el registro de la propiedad inmueble, y regular la plataforma Airbnb.

16. Refundar el sistema educativo nacional

El presupuesto destinado a la educación no alcanza, lo podemos ver en las condiciones edilicias de las escuelas, en los insuficientes salarios docentes, en el cierre de programas y en la falta de vacantes. Es necesario fijar una asignación presupuestaria para el sistema educativo que se incremente anualmente de manera tal de alcanzar el 10% del PBI para finales de 2023. En simultáneo, vamos a jerarquizar la tarea docente a través de un aumento del presupuesto para la formación en todos los niveles educativos, así como un incremento del Fondo de Incentivo Docente y del Fondo Compensador para las provincias. Por último, impulsaremos el boleto educativo para los y las estudiantes y docentes de todos los niveles.

17. Democratizar la administración de la justicia  
Los privilegios en la institución judicial parecen responder a una ley divina. Es hora de que los jueces y fiscales estén a la altura de sus conciudadanos. Proponemos establecer un plazo de siete años para la duración de sus cargos. Queremos elegir con el voto popular a los representantes de los poderes políticos en el Consejo de la Magistratura, órgano que designa a los jueces. Y tenemos que establecer mecanismos participativos para que la ciudadanía pueda impugnar a los jueces propuestos por el Consejo que no sean aptos. También es fundamental darle publicidad y transparencia a las declaraciones patrimoniales de las magistradas y los magistrados, para evitar su enriquecimiento ilícito. Y aplicarle el impuesto a las ganancias a todos los funcionarios judiciales.

18. Cerrar la Agencia Federal de Investigaciones.
Hay que terminar con las redes de espionaje político ilegal. La clave pasa por el control social de estos organismos para impedir cualquier tipo de espionaje político y de intervención sobre la justicia. Proponemos cerrar la AFI y en su lugar construir un Observatorio Nacional de Inteligencia, con un staff de analistas especializados en el análisis de los problemas de Seguridad y Defensa. Su personal tendrá prohibida la realización de tareas operativas, policiales y/o de investigación criminal, y no podrá intervenir en causas judiciales bajo ningún supuesto. Tampoco contará con fondos reservados. El objetivo consiste en dotar a la Presidencia de la República de información estratégica en cuestiones defensivo-militares y de criminalidad compleja. Pero tendrá al mismo tiempo un modelo basado en la publicidad de la inteligencia con informes abiertos a la sociedad y con regulaciones que hagan realmente posible el acceso a la información.

19. Jerarquizar el Sistema Nacional de Salud.
Nos proponemos recuperar el sistema público de salud poniendo el foco en la atención primaria, facilitando el acceso a un servicio de calidad, jerarquizando la atención del grupo familiar, a través de la educación y promoción para la salud y prevención de enfermedades. Se aplicará la Ley de Producción Pública de Medicamentos con el fin de garantizar el acceso a vacunas y medicamentos a precios populares. Al mismo tiempo, se pondrá en pie un sistema único que integre a sus tres subsistemas (público, privado y seguridad social) con fuerte rectoría por parte del Estado, recuperando el Ministerio Nacional de Salud. Esta tarea va a implicar realizar reformas estructurales que a mediano y largo plazo conduzcan a la eliminación del sistema de medicina privada prepaga.

20. Impulsar la conducción civil y el control popular de las fuerzas de seguridad

Entendemos que una condición indispensable para garantizar una seguridad democrática es avanzar en el gobierno civil de la seguridad y el control popular de las fuerzas. En torno al segundo punto, proponemos desarrollar políticas de participación ciudadana y auditoria popular de las fuerzas de seguridad. Por un lado, llevar adelante un programa nacional de participación comunitaria en la planificación de políticas de seguridad que funcione en las ciudades con altos niveles de conflictividad. Por otro lado, proponemos la realización de una auditoría popular de las fuerzas de seguridad. El mismo supone la creación de un procedimiento de participación popular permanente, ágil y seguro para que los vecinos puedan a través de una aplicación en su teléfono celular puedan calificar la gestión policial y además, puntualmente y en forma anónima denunciar cualquier irregularidad, exceso o ilegalidad en la conducta evidenciada por los uniformados.

21. Trasladar la Capital Federal al NOA
Es necesario una reforma estratégica de nuestra fisonomía demográfica y en la distribución geográfica del poder, para revertir la centralización excluyente con vértice en Buenos Aires. Por eso proponemos trasladar la Capital Federal a la región del NOA, para descomprimir la aglomeración institucional de los órganos del gobierno nacional. Esta medida significa además una reparación histórica para una región injusta y violentamente postergada. En términos comerciales el traslado de la capital al NOA fortalecerá el vínculo Atlántico-Pacífico que consideramos clave para beneficiar nuestras potencialidades como nación. Este reordenamiento institucional podría implicar la ubicación en distintas ciudades de los tres poderes del estado: la sede del Ejecutivo en el NOA, mientras el Parlamento y el Poder Judicial estarían radicados en otras regiones del país.